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Autor
Rosa Binimelis/Alejandro Jurado (<a href="http://antalya.uab.es/icta/inici/index2cas.asp" target="_blank">Universidad Autónoma de Barcelona</a>) / Mónica Vargas (<a href="http://www.odg.cat" target="_blank">Observatori del Deute en la Globalizació</a>

La trama de los agrocarburantes en el Estado español

La expansión de los agrocombustibles a escala global puede explicarse, en buena medida, por el apoyo de políticas públicas en forma de subvenciones y medidas legislativas de las principales potencias económicas, Europa y EE.UU. En el Estado español, la <a href="http://www.boe.es/boe/dias/1998/10/08/pdfs/A33517-33549.pdf" target="_blank">Ley 34/1998</a> del Sector de Hidrocarburos establece el objetivo (de carácter obligatorio) de que el 5,75 por ciento de su consumo energético en el transporte proceda de agrocombustibles en el año 2010, acorde con las directivas europeas.
En primera instancia es importante recordar los argumentos que sostienen los defensores de los agrocombustibles. Primeramente, se destaca el aumento de la seguridad energética -léase la reducción de la dependencia frente a los países productores de petróleo percibidos como "políticamente inestables". Sigue a esto la preocupación por el calentamiento global, por la hipotética "reducción" de las emisiones de gases de efecto invernadero (CO2, óxido nitroso, etc.), y, finalmente, una respuesta a la crisis del sector agrario en los países del Centro, que incluso permitiría mejorar las condiciones de vida de los pobladores de la Periferia al ofrecerles mercados para sus productos agrícolas. Este último argumento se articula con aquel utilizado también por los países productores como Brasil para mostrar a los carburantes elaborados en base a la biomasa como la solución ante la pobreza, el éxodo rural, y las desigualdades sociales mediante una promoción del "desarrollo rural".

El impacto de los agrocarburantes en el mundo rural estará fuertemente determinado por el precio de las materias primas y por el modelo de implantación global o local que se imponga en cada región

El impacto de los agrocarburantes en el mundo rural estará fuertemente determinado por el precio de las materias primas y por el modelo de implantación global o local que se imponga en cada región. Respecto de lo primero, existe un debate abierto sobres las razones del aumento progresivo del precio de los alimentos básicos (pan, por ejemplo), con relación a si es atribuible a la utilización de las producciones agrarias (maíz, trigo, colza, caña de azúcar, oleaginosas, etcétera) para elaborar agrocombustibles (que actualmente es poco significativa) o bien si se explica por el crecimiento sostenido de la demanda y el estancamiento de la producción mundial. Independientemente del componente explicativo, derivar productos alimenticios a combustibles (ante igual comportamiento de la productividad mundial y en el actual modelo de producción a gran escala) tendrá efectos catastróficos en los países en vías de desarrollo, comprometiendo la soberanía alimentaria de millones de ciudadanos y ciudadanas. Incluso si no se trata de cultivos alimenticios (como es el caso de la jatrofa), el resultado es el mismo puesto que desplazan parcelas inicialmente destinadas a la alimentación local. Por otro lado, el aumento de precios de productos que son materias primas para la alimentación animal (piensos) eleva el costo de producción de los ganaderos, que si trasladan sus mayores costes a los precios del consumidor, no serán los únicos perjudicados.

A modo de ejemplo, consideramos aquí el caso de la implantación de los agrocombustibles en un país del Centro que aspira a incrementar de manera masiva este tipo de producción. Analizamos por un lado la capacidad de producción de agrocombustibles del Estado español y su relación con la cantidad de hectáreas necesaria para satisfacer localmente la producción. Por otro lado, a través de un análisis de redes, identificamos quiénes controlan el negocio.

En el Estado español existen 46 plantas de producción de biodiésel (16 en estado de producción, 19 en construcción y 11 en proyecto) y 4 plantas de bioetanol en actividad

En el Estado español existen 46 plantas de producción de biodiésel (16 en estado de producción, 19 en construcción y 11 en proyecto) y 4 plantas de bioetanol en actividad[1]. La capacidad de producción de biodiésel se sitúa en 670.000 toneladas/año, aunque la producción de 2006 no superó el 19% de la capacidad instalada. A pesar de ello, se prevé triplicar la capacidad productiva en los próximos 2 años, cuando se finalicen las plantas en proceso de construcción actualmente, y hasta un 600% con el funcionamiento de las plantas proyectadas. También la escala de producción se incrementa y mientras que actualmente se producen 41.875 tn/año de media por planta, las plantas en construcción tienen el potencial para producir 103.579 tn/año, mientras que las que están bajo proyecto rondarían las 185.000 tn/año. La planta proyectada por INFINITA en Huelva, por ejemplo, podría producir 600.000 tn/año, 4,8 veces más que el conjunto de plantas en 2006.

Campo de maiz

Fuente: Flickr (aprilkisco)

Si el biodiésel se produjera a partir de colza, se necesitaría usar el 10% de las tierras cultivables del Estado español para atender la demanda que supondría la totalidad de las plantas de biodiésel en pleno funcionamiento. En el caso de utilizar girasol o soja, este porcentaje se duplicaría. La tendencia actual muestra que las materias primas no llegarán de territorio español, sino que la mayoría serán importadas de la Periferia (Argentina, Brasil, Centroamérica, Indonesia, etc.) recorriendo miles de kilómetros. Según un informe de Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA, 2007), la cantidad de oleaginosas requeridas en Europa en el año 2020 supondría más del 90% de toda la producción comunitarias y por lo tanto, el abastecimiento de biodiesel sólo será posible recurriendo a la importación del 50% del consumo previsto.


El propio transporte requerido por dicha importación implica un incremento de las emisiones de CO2 puesto que se realiza en base a combustibles fósiles. Además, en el Estado español, el 61% de la producción de biodiésel se exporta a países de la Comunidad Europea, lo que implica más consumo aún de energía fósil, comprometiendo el balance final de emisiones de CO2. La producción de biodiesel en España en el 2010 podría llegar a duplicar el objetivo marcado por la legislación, lo que parece continuar la tendencia actual hacia la exportación.

En el caso del bioetanol, la producción en 2006 fue de 321.000 toneladas (72% de los agrocombustibles), sobre una capacidad de producción de 441.000 toneladas anuales. Aunque no existe en la actualidad ningún proyecto de construcción de nuevas plantas de bioetanol, dicha capacidad queda muy por debajo de la producción requerida para cumplir los objetivos de la legislación europea, al cubrir sólo un 32% de valor objetivo. La mayor parte del bioetanol se destina al consumo interno (75%).

Si consideramos a los actores presentes en este negocio, cabe subrayar una novedosa convergencia entre el sector público y las grandes empresas del sector petrolero, automovilístico, agroalimentario, biotecnológico, energético y financiero. A nivel global, vemos por ejemplo a la petrolera BP asociarse con la biotecnológica DuPont para proveer el mercado británico del biobutanol, o a la semillera Bunge plantearse en octubre de 2006 una alianza con la constructora Acciona para suministrar biodiésel a Repsol YPF.

En el caso específico de las plantas en el Estado español, tal como se destaca en el mapa de actores, observamos por ejemplo que en el caso de la planta Bio-Gibraltar se ubican inversiones de Cepsa (de la cual la petrolera francesa Total controla 48%, el BSCH 30% y Unión Fenosa 5%) y Abengoa. A su vez, la planta de Bio-Dosbio se encuentra a cargo de Biocombustibles Castilla y León, participada por Abengoa, y el gigante agroalimentario Ebro Puleva. En ese sentido, observamos que en el negocio de los agrocarburantes intervienen principalmente grandes corporaciones españolas[2].

Mapa agrocarburantes


Los distintos niveles de gobierno y numerosos centros de investigación públicos y privados son parte del entramado y participan apoyando la producción de agrocombustibles

Los distintos niveles de gobierno y numerosos centros de investigación públicos y privados son parte del entramado y participan apoyando la producción de agrocombustibles. Por ejemplo, la planta Bionet Europa (Reus), participada por el Instituto para el Desarrollo Energético (IDEA), l'Institut Català de l'Energia (ICAEN), y socios privados como Agrar Tecknick y Reagra; la planta Idea (Alcalá de Henares), impulsada por Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y la Universidad Complutense de Madrid; o la planta Biodiésel de Andalucía 2004 SA - BIDA, proyecto subvencionado en un 100% por el gobierno andaluz.

La implementación obligatoria de los agrocarburantes en el sector de los transportes, sin disponer de la capacidad de producción local necesaria, y particularmente de disponibilidad de tierras dentro del Estado español para cultivos energéticos, genera la necesidad de importar la materia prima (soja, palma aceitera, maíz, etc.). Ello resulta preocupante puesto que el desarrollo desmesurado de cultivos energéticos en países en vías de desarrollo tendrá impactos sociales y ecológicos negativos, en la medida de que la demanda de materias primas para combustibles supondrá para los países productores incrementar la superficie de cultivo. Esto provocara en diversas regiones el avance irremediable de la frontera agropecuaria sobre áreas de incalculable valor biológico y cultural. Este proceso, además, profundiza los impactos ya conocidos de los monocultivos como la soja, en cuanto al uso desregulado de agroquímicos, el desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas, el despoblamiento rural por la concentración de la tierra y la producción de gran escala para exportación.

Todo ello se produce, en última instancia, a costa de satisfacer las necesidades energéticas del mundo desarrollado[3], cuando en realidad debería primar la generación de recursos energéticos con materias primas locales, privilegiando la búsqueda de la soberanía energética, tanto en el Centro, como en la Periferia.

Por último, el modelo de implantación de gran escala profundiza el proceso de concentración masiva de riqueza, priorizando la rentabilidad económica de unas pocas empresas sobre la sostenibilidad social y ambiental de las regiones más vulnerables del planeta. Partiendo de este escenario, nos preguntamos, por un lado, cómo los pequeños agricultores y las comunidades rurales pueden acceder a los beneficios de la producción y comercialización de los agrocombustibles, cuando la producción, la distribución, la provisión de insumos, la regulación del precio, etc., se encuentra en manos de las grandes corporaciones y lobbies económicos. Y por otro lado, cómo gobiernos "de profundos valores democráticos" promueven los biocombustibles, aun conociendo que en los países productores esto generará profundas desigualdades, exclusión social, pérdida de diversidad, de libertades y de autonomía.

Pan

Fuente: larioja.com


Peor aún si consideramos que las poblaciones de estos países no disponen de ninguna participación en la toma de decisiones que afectarán directamente su modo de vida.

Cabe también señalar, en términos de la supuesta solución que constituirían los agrocombustibles ante el cambio climático, que el modelo agroexportador contribuye en 14% a las emisiones de gases de efecto invernadero y que los cambios de uso de suelo (léase principalmente la deforestación) representan otros 18%. Por tanto, resulta difícil entender cómo se pretende mitigar el calentamiento global mediante la intensificación de dicho modelo destinado a la producción de agrocarburantes.

La producción de agrocombustibles en pequeña escala podría constituir un modelo alternativo viable

Consideramos que la producción de agrocombustibles en pequeña escala (para autoconsumo, con materias primas que no entren en conflicto con la producción alimentaria o bien provengan del reciclado o del cultivo de tierras degradadas, promovidas por cooperativas o asociaciones de pequeños productores, entre otras características) podría constituir un modelo alternativo viable. Y en lo inmediato, una respuesta atinada se ubica en políticas que regulen el consumo energético insostenible, mejoren la eficiencia y de manera general, que permitan iniciar un proceso de descrecimiento operando una ruptura con la lógica crematística actual, principal responsable de dichas problemáticas.

En definitiva la aplicación de principios de sostenibilidad, dar prioridad a tecnologías que aumenten la productividad de los recursos, más que incrementar la cantidad extraída de recursos (Daly, 1997), dar prioridad a tecnologías orientadas a la satisfacción de necesidades básicas y que contribuyan a la reducción de las desigualdades (Vilches y Gil-Pérez, 2003), y aplicar el Principio de Precaución cuando no conocemos las repercusiones económicas, sociales, ambientales y institucionales que una tecnología puede desencadenar en el ámbito local y global. Es más bien a partir de la noción de justicia ambiental, que las políticas públicas del Estado español deberían tender a evitar la afectación social y ambiental de las poblaciones de la Periferia vinculada con el uso desproporcionado de los recursos -de por sí limitados- del planeta por las sociedades del Centro, y por las propias empresas españolas. La expansión de varias de ellas ha contado con diferentes mecanismos públicos de apoyo a la internacionalización, a pesar de haber demostrado en los últimos años una auténtica irresponsabilidad social corporativa en sus actuaciones en el Sur.



[1]La información sobre las plantas ha sido obtenida a través de una búsqueda por internet en las webs de las empresas productoras y diversos diarios electrónicos. Se puede encontrar un listado parcial en: www.biodieselspain.com y www.appa.es. Ver también Ramírez, 2007. Cabe destacar las dificultades que tuvimos en conseguir información sobre la materia prima en la mayoría de los casos, a partir de la cual dichas empresas producen agrocarburantes.
[2]Fuentes: Base de datos SABI, páginas web de las empresas mencionadas. Estas y otras empresas de los sectores antes citados están realizando fuertes inversiones en agrocarburantes en Latinoamérica, Indonesia y Malasia.
[3]El 14 % de la población (países desarrollados) consume el 50% de la energía mundial.

Bibliografía:

APPA, 2007. Biocarburantes y Desarrollo Sostenible. Mitos y Realidades, Madrid. Disponible on-line: https://www.appa.es/descargas/Doc_BIOCARBURANTES_1309.pdf

DBK, "Biocarburantes", Informe especial, Madrid, 2007. Ramírez Copeiro del Villar, J., "Principals aspectes del mercat espanyol del Biodièsel". Ponencia en las III Jornadas del Biodiesel. Asociación Catalana del Biodiesel.

Daly H. (1991) Steady-State Economics (Washington D.C., Island Press).

Vilches, A. y Gil-Pérez, D. (2003). Construyamos un futuro sostenible. Diálogos de supervivencia. Madrid: Cambridge University Press. Capítulo 12.

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