La adecuada valoración de la investigación en la universidad es un paso ineludible para la renovación del sistema investigador español. Es imprescindible, tal como ocurre en otros países, que la existencia de figuras exclusivamente investigadoras sea considerada algo normal dentro de la Universidad, así como que las plazas para personal docente e investigador se concedan para cubrir las necesidades investigadoras de los departamentos, no sólo los docentes. La FJI, junto con la AACTE y la ANIRC y en el contexto de la modificación de la LOU, ha propuesto la creación de la figura de Investigador en la Universidad. Esta figura sería de dedicación exclusiva a la investigación, y su justificación está fundamentada en la necesidad de una verdadera articulación de la carrera investigadora en la Universidad española.
Sin duda alguna la generación de conocimiento se ha convertido en clave para el desarrollo de las sociedades modernas. No invertir en investigación supone hipotecar este desarrollo, ya que, en tal caso, no hay más remedio que adquirir el conocimiento allí donde se produzca. España se encuentra, desgraciadamente, entre los países europeos que menos invierte en generación de conocimiento (tanto económica como estructuralmente). A pesar de su buena posición en otros aspectos -indicadores económicos, fundamentalmente-, la producción científica no se encuentra a la par. Esto dificulta el acceso a las innovaciones e implica un coste importante a cambio de adquirir el conocimiento que no generamos.
Por qué el sistema científico español no se mantiene al paso de otras áreas -y la divergencia va en aumento- es una pregunta que requiere tiempo y espacio para ser respondida adecuadamente. Para los interesados, es de aconsejada lectura un informe editado por la Confederación de Sociedades Científicas de España, la propuesta de la Acción CRECE (Comisiones de Reflexión y Estudio de la Ciencia en España). Brevemente, los principales problemas del sistema científico español son: su estructura rígida y arcaica, la falta de financiación y la falta e inadecuada gestión de los recursos humanos (es decir, los investigadores y su personal de apoyo).
La universidad española no es ajena a estos tres problemas (más aún, algunos parecen agravarse). Como institución, la Universidad cumple la importante función de crear conocimiento y difundirlo a la sociedad, fundamentalmente a través de dos actividades: la investigación, que genera ese conocimiento, y la docencia. Sin embargo, se ha ignorado en gran medida la condición investigadora de la Universidad, tomando únicamente la docencia como referente para la evaluación y asignación de recursos. Por ejemplo, un mayor número de alumnos implica una mayor financiación, pero no así una mayor producción científica. Obviamente, el subestimar la investigación repercute negativamente en la docencia. Además, buena parte del profesorado universitario tiene un desempeño investigador muy bajo o nulo, mientras que otros quisieran poder dedicar más tiempo a su actividad investigadora, pero sus obligaciones docentes se lo impiden. Como consecuencia de esta situación, la investigación de la Universidad española tiene una competitividad prácticamente nula a nivel internacional, como ilustra el hecho de que ninguna Universidad española aparece entre los centros de investigación de alta producción a nivel mundial. Las funciones de la universidad están reguladas por la LOU. Aunque esta ley recoge prácticamente todos los aspectos referentes a la organización, funcionamiento, docencia y personal de la universidad, la investigación ocupa un espacio demasiado breve para la importancia que tiene. Al contrario de lo que ocurre con otros aspectos, la investigación es tratada de una manera muy general, dejando a las universidades las medidas pertinentes para su incentivación y dotación. En lo referente a los recursos humanos dedicados a la investigación, la LOU define al PDI, formado por figuras laborales de contrato y funcionariales. Aunque en las definiciones de las figuras se indica que éstas tendrán finalidad investigadora, también están ausentes las indicaciones para regular y evaluar esta actividad. Esta falta de atención no ha facilitado precisamente el que la investigación tenga un papel central en los objetivos de las universidades españolas.
La modificación de la LOU es uno de los objetivos del gobierno actual, y de hecho incluye como novedad la propuesta de que la actividad investigadora sea considerada en la evaluación de la actividad profesional del profesorado universitario, además de apuntar hacia la compatibilidad de la actividad investigadora y la docente. Desafortunadamente, estos cambios siguen sin aportar medidas concretas, en una línea que, aparentemente, deja los detalles sobre investigación a normativas futuras, las cuales pueden no ser recibidas de muy buena gana por el sistema. De hecho, muchos investigadores de los programas «Juan de la Cierva» y «Ramón y Cajal» han sufrido las consecuencias de estar en un departamento universitario sin participar de su docencia. Financiados desde la Dirección General de Investigación y con funciones puramente investigadoras, han sido vistos como entes extraños, sufriendo el ostracismo en departamentos dominados por la endogamia y con la docencia como excusa para la progresión de los adeptos al catedrático de turno.
La FJI, la AACTE y la ANIRC realizaron una propuesta de reforma al anteproyecto de la LOU en la cual, entre otras medidas, propusieron la inclusión de una figura de Investigador en el apartado de figuras del PDI. Esta figura tendría un carácter contractual, similar a la de Profesor Contratado Doctor, pero no tendría obligaciones docentes, aunque podría impartir docencia voluntariamente. En este artículo se plasman los argumentos de la FJI para apoyar la inclusión de esta figura, la cual no tienen por qué coincidir totalmente con la de la AACTE o la ANIRC. Esta postura es fruto de varios años de reflexión sobre el sistema universitario y de I+D español, la cual se ha plasmado en varios documentos, como el
Informe sobre la Carrera Investigadora en España o la propuesta de
Proposición de Ley del Estatuto del Personal Investigador. Esta última no debe confundirse con el Real Decreto del Estatuto del Personal Investigador en Formación, aprobado en 2006 por el gobierno y con importantes deficiencias en su redacción. Hemos de resaltar que la propuesta de
Proposición de Ley del Estatuto del Personal Investigador de la FJI ha sido presentada recientemente por el Grupo Mixto en el Congreso de los Diputados, habiendo sido admitida a trámite el pasado 9 de enero.
La función de la figura de Investigador sería la de incrementar el peso de la investigación en la universidad; es más, creemos que la presencia de figuras total o mayoritariamente investigadoras es tanto una causa como una consecuencia del correcto funcionamiento de la Universidad. Un problema que la figura de Investigador resolvería inmediatamente es el de la desventaja que mucha gente con perfil fundamentalmente investigador tiene para acceder a la Universidad. Curiosamente, como he indicado anteriormente, las figuras que la LOU asigna al PDI tienen función docente e investigadora, por lo que nada impide a los departamentos convocar plazas de perfil fundamentalmente investigador. Sin embargo, el acceso a plazas de profesor (contratado o funcionario) beneficia a aquellos candidatos con un perfil fundamentalmente docente. Además, en la selección suelen figurar pruebas como la evaluación de un proyecto docente y la exposición de un tema del área de conocimiento correspondiente, incluso si la plaza tiene un perfil predominantemente investigador. La figura de Investigador implicaría, por coherencia, una selección de los candidatos basada principalmente en sus méritos como investigador. De esta manera, se facilitaría la entrada en los departamentos universitarios de profesionales con una trayectoria principalmente investigadora (por ejemplo, procedentes de institutos de investigación, en los que no se imparte docencia), e incluso se podría asimilar a esta figura a los investigadores con financiación externa a la universidad, como aquellos de los programas «Juan de la Cierva» y «Ramón y Cajal». En estos momentos, estos investigadores se encuentran sometidos a diversas fórmulas contractuales y de muy diversa consideración, dependiendo de los centros de investigación donde se encuentren, pero la existencia de la figura de Investigador permitiría homogeneizar sus condiciones laborales. Bien es cierto que en estos momentos podrían asimilarse a las figuras de Ayudante Doctor (programas tipo «Juan de la Cierva») o de Contratado Doctor (programas tipo «Ramón y Cajal»), pero esto no cuenta con el beneplácito de los departamentos, que prefieren reservar estas plazas para otras necesidades, principalmente docentes.
De hecho, otro de los beneficios de contar con una figura de Investigador sería el de normalizar la presencia de investigadores en las universidades y departamentos. En otros países es común encontrar en las universidades unidades compuestas únicamente por personal investigador, que no imparten docencia. En España cada vez es más habitual encontrar personal únicamente investigador en las universidades, sobre todo en institutos de investigación mixtos o adscritos a la Universidad correspondiente. Sin embargo, dentro de los departamentos los investigadores que no imparten docencia corresponden principalmente a aquellos procedentes de programas con financiación externa (como los «Juan de la Cierva» y «Ramón y Cajal»). Incluso a estos se les ha exigido a veces impartir docencia lo cual tiene el aspecto positivo de añadir experiencia docente al curriculum de estos investigadores, incrementando sus posibilidades de acceso a plazas en la Universidad pero sin embargo se violan las condiciones de sus programas.
Los dos grandes problemas a resolver son la tendencia endogámica de nuestra Universidad y que los departamentos convocan plazas de PDI atendiendo prioritariamente a sus necesidades docentes. Esto tiene como consecuencia que todo el profesorado tenga una carga docente significativa. Además, la evaluación positiva de la actividad docente se concede en la mayor parte de los casos simplemente por haber impartido un cierto número de clases. La evaluación de la actividad investigadora es poco exigente y no representa un gran incentivo. Por ello, buena parte del profesorado se preocupa únicamente de su actividad docente, mientras que aquellos que están interesados en desarrollar su carrera investigadora encuentran grandes impedimentos, debido a la gran cantidad de tiempo que requiere la docencia.
Al contar con una figura únicamente investigadora, se pretende que los departamentos perciban que la investigación es una parte consustancial de la actividad del personal, que tengan en cuenta las necesidades investigadoras del departamento y que, por lo tanto, utilicen esta figura para conceder plazas de perfil puramente investigador. Por supuesto, es necesario que los mecanismos de evaluación de universidades, departamentos y profesorado sean mucho más exigentes e incluyan efectivamente la actividad investigadora, así como que su resultado -positivo o negativo- tenga consecuencias significativas tanto positivas como negativas (alicientes a la productividad y restricciones al bajo rendimiento). La presencia de la figura de Investigador es necesaria no sólo para incrementar la actividad investigadora en la Universidad de un modo directo, sino indirectamente, al exigir cambios en el sistema.
La figura de Investigador no está exenta de inconvenientes. Así como los investigadores con financiación externa y sin obligaciones docentes no son bien vistos en algunos departamentos, esta figura puede no ser bien recibida. Además, pueden aparecer agravios comparativos, principalmente por parte del profesorado con excesiva carga docente que les impide desarrollar su carrera investigadora. Sin embargo, pensamos que las ventajas superarían ampliamente a los inconvenientes, tanto a corto como a largo plazo. Si la investigación se percibe como un factor importante, se deberían articular mecanismos para que el profesorado mejor evaluado pudiese liberarse de parte de su carga docente, mejorándose el rendimiento docente e investigador de las universidades. Además, nuestra apuesta es por la creación de figuras flexibles, por lo que una figura fundamentalmente investigadora pudiera evolucionar hacia una mayor carga docente, o viceversa, en función de la dinámica de la carrera del investigador. Motivado por evaluaciones regulares, exigentes y consecuentes, la mejora de la carrera del PDI beneficiaría a la Universidad, y, por lo tanto, a la sociedad.
Abreviaturas utilizadas en este artículo: FJI: Federación de Jóvenes Investigadores; AACTE: Asociación para el Avance de la Ciencia y Tecnología en España; ANIRC: Asociación Nacional de Investigadores «Ramón y Cajal»; LOU: Ley Orgánica de Universidades; PDI: Personal Docente e Investigador.
