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Autor
José Ángel Sánchez Asiaín (Presidente de la Fundación Cotec)

Innovación y crecimiento económico

Sólo cuando el tejido empresarial de un país tiene suficiente <a href="http://www.madrimasd.org/InformacionIDI/Noticias/Noticia.asp?Buscador=OK&amp;id=20851&amp;Sec=2" target="_blank">capacidad de I+D</a>, es posible que la ciencia y la tecnología generada por su sistema público, tenga verdaderas consecuencias económicas.
A pesar del desarrollo que en los últimos tiempos ha experimentado el sistema español de innovación sigue existiendo en él un importante problema de dimensión, de tamaño y de cantidad. Cada vez es más clara la necesidad de aumentar el número de agentes implicados en el proceso de la innovación. Hemos aprendido los métodos y las prácticas que hacen eficiente la innovación hasta el punto de poder afirmar que actualmente somos relativamente eficaces en este terreno. Pero el sistema sigue siendo demasiado pequeño para que pueda constituir una base sólida de nuestro crecimiento económico.

Nuestro sistema, como cualquier otro, sólo puede crecer si aumenta el número de empresas innovadoras, en la medida que éstas son precisamente las que constituyen el único subsistema imprescindible para que exista innovación. Es necesario, pues, que sean muchas más las empresas que busquen y encuentren en la tecnología la base de su competitividad. Es necesario también que aumenten los grupos universitarios que entiendan el problema tecnológico. Y cuando esas empresas y esos grupos de investigación sean más, será también necesario que encuentren en su entorno un mayor número de instituciones que asuman la responsabilidad de contribuir a la eficiencia. Especialmente centros tecnológicos que son los que ayudan a seleccionar y a asimilar la tecnología más adecuada.

Nuestro reto, pues, es fácil de describir, porque no es otro que hacer crecer rápidamente el número de empresas innovadoras. Pero no es tan fácil de alcanzar, puesto que todos sabemos que no basta la voluntad para que esto ocurra. Resulta absolutamente imprescindible la existencia previa de un ambiente que haga atractiva la actividad empresarial, y que premie generosamente la actitud innovadora de las empresas.

Es cierto que la actividad empresarial es atractiva en sí misma. Y lo es porque se trata de crear valor, y esto tiene evidentes consecuencias positivas, colectivas e individuales. Ya en 1800, Juan Bautista Say afirmó que el trabajo del empresario consistía en trasladar los recursos a las aplicaciones más productivas. Pero la puesta en práctica de esta fórmula, aparentemente tan sencilla, está normalmente plagada de obstáculos, que sólo las sociedades más avanzadas son capaces de remover. Unos obstáculos que tienen muy diferentes orígenes, y que van desde la ausencia de infraestructuras o de capital humano adecuados, hasta una macroeconomía poco estimulante, pasando por el impacto negativo de la legislación, o el incorrecto funcionamiento de los mercados, por citar nada más que unos pocos. Todo lo cual resta mucho atractivo y hace más difícil la actividad empresarial.

En todo caso, ya no hay duda de que necesitamos, y de manera urgente, un número mayor de empresas innovadoras, y de que el entorno debe propiciar y premiar esa actitud, porque en ella está la mayor fuente de valor para la sociedad. Pero para que esto ocurra será necesario que "todos" entendamos los beneficios que la innovación, y especialmente la innovación tecnológica, puede reportarnos, ya que "todos" somos clientes de tecnología en nuestra esfera privada y a veces también en la pública. Porque un cliente inteligente de tecnología, aquel que exige y valora las prestaciones de productos y servicios avanzados, supone al final un enorme estímulo para el empresario innovador. Y cuando el que compra es el gobierno, esa operación puede convertirse en un eficaz instrumento de política de innovación. Una política que caracteriza a los países más desarrollados, que conocen muy bien el valor que para su desarrollo tienen las compras públicas de tecnología.

Esto nos lleva a una vieja pero constante preocupación de Cotec: la importancia de que la sociedad sea tecnológicamente culta. Ésta y no otra es la razón de que en Europa se hable tanto en estos momentos del "triángulo del conocimiento". Una expresión muy reciente, que quiere simbolizar gráficamente los tres ingredientes esenciales de la economía moderna. El conocimiento, la innovación y la educación. Un lado del triángulo representa el conocimiento que se genera mediante la I+D. Otro, la innovación que convierte el conocimiento en riqueza. Y el tercero, la educación, que prepara a las jóvenes generaciones para investigar, innovar, y valorar el significado de la empresa en el desarrollo económico.

Este tercer integrante del triángulo, la educación tecnológica, es algo absolutamente necesario para aquellas sociedades que deseen desenvolverse de forma brillante en una economía globalizada. Y que deberán para ello dotarse de un sistema de educación que sea capaz de proporcionar conocimiento, especialmente científico y tecnológico. Deberán dotarse de un sistema capaz de estimular la capacidad de aceptación y valoración del riesgo, y que inculque el aprecio por el trabajo bien hecho. Porque una sociedad así educada, será cuna de empresarios emprendedores. Y ésta es una de las más claras conclusiones a las que hemos llegado en Cotec, no sin dificultad, tras numerosos estudios encaminados a entender el concepto de cultura tecnológica.

Tenemos ya muy claro que éste es el camino a seguir, y que hay razones para no dejarnos llevar por el pesimismo tecnológico que durante muchas décadas ha justificado una actitud pasiva ante el potencial de la ciencia y la tecnología para nuestro desarrollo económico y para nuestro bienestar. A los muchos ejemplos positivos de las relaciones entre los agentes de la innovación, debemos añadir algunos de los rasgos que se deducen del Informe sobre Tecnología e Innovación en España recién publicado por Cotec. Y de entre ellos quiero destacar solamente uno. El que pone de manifiesto que la dedicación de recursos a actividades de I+D por las empresas españolas está creciendo desde la mitad de la pasada década a un ritmo del 13% anual acumulativo, lo cual es mucho y supone, sin duda, todo un éxito.

Pero un éxito que no puede dejarnos tranquilos porque, aún continuando a ese ritmo, (13% anual acumulativo) que sin duda es notablemente elevado, cuando se compara con los crecimientos relativos de los sistemas más avanzados, nuestro actual punto de partida es tan bajo, que sólo llegaríamos a la convergencia con Europa hacia el año 2020. Un plazo absolutamente inaceptable.

Es decir, que la capacidad de nuestro tejido productivo para generar la tecnología que necesitamos es todavía singularmente baja, y una de las causas más importantes de la escasa productividad con la que trabaja nuestra economía. Nuestro modelo económico, que tan buenos resultados nos ha dado en los últimos tiempos, se está agotando.

Y es claro que ello nos exige no aceptar ninguna política que intente apoyarse en una innovación reactiva, que lo más que puede hacer es prolongar unos años la supervivencia del antiguo modelo. Y que por lo tanto es urgente utilizar, hasta sus últimas consecuencias, políticas que se basen en la búsqueda de tecnologías propias y generadas para su aplicación, única fórmula viable para aportar a la sociedad el valor añadido que nuestros productos y servicios necesitan para ser competitivos.

Y si esto es así, tanto las empresas como las administraciones deben asumir el compromiso de hacer crecer exponencialmente los recursos que dedican a I+D. Un crecimiento que, por otra parte, debe ser armónico en su financiación privada y pública. Porque también sabemos ya, que sólo cuando el tejido empresarial de un país tiene suficiente capacidad de I+D, es posible que la ciencia y la tecnología generada por su sistema público, tenga verdaderas consecuencias económicas.

Recordemos a este particular que las recomendaciones de los expertos, basadas en el estudio de los sistemas de innovación más avanzados, señalan que la proporción adecuada es que la ejecución de la I+D privada sea de unos dos tercios del total. Y también es bien sabido, que para equipararnos hoy con Europa, nuestro gasto de I+D debería ser del orden del 2% de nuestro Producto Interior Bruto, es decir el doble de lo que gastamos actualmente. Pero como Europa quiere llegar al 3%, que hoy es el nivel alcanzado por los Estados Unidos, tendremos que hacer el esfuerzo que sea necesario para alcanzar en pocos años a ese grupo del 2%, y continuar con ellos hacia las nuevas metas que se hayan fijado. Y este esfuerzo, que viene obligado por la realidad, es verdaderamente descomunal.

Pero el problema es que no sólo gastamos poco en I+D, sino que además lo hacemos con fórmulas ya sobrepasadas por la realidad. Y un ejemplo de ello, lo hemos dicho también muchas veces en Cotec, es que repartimos nuestros escasos recursos entre demasiados proyectos de pequeña dimensión y que, en consecuencia, tenemos poca experiencia en gestionar grandes proyectos de I+D, en los que participen además de las empresas con negocio que lo justifique, otras pequeñas y medianas especializadas, o necesitadas de especialización en tecnologías concretas, y en los que también participen investigadores del sistema público.

Esta falta de experiencia en grandes proyectos va a ser un inconveniente grave a la hora de incorporarnos de verdad a la nueva política de innovación europea que ya se está conformando. Porque sabemos que los fondos europeos para fomento de la innovación serán cada vez mayores. Y sabemos que tendremos que optar a ellos con proyectos ambiciosos, tanto en tecnología como en dimensión, y en competencia con las propuestas del resto de Europa. Los criterios de selección se basarán en el interés de la tecnología a crear, pero muy especialmente en la capacidad de gestión de ese tipo de proyectos. Por ello tenemos muy pocos años para consolidar esas habilidades en nuestro sistema de innovación.

De ahí que vengamos defendiendo en Cotec, desde hace algún tiempo, la fórmula de los grandes proyectos tractores de tecnología. Unos proyectos orientados a las necesidades tecnológicas de los distintos sectores, que servirían de orientación a la investigación pública, y que implicarían a los clientes y suministradores de la empresa tractora. Creemos que un instrumento de esta naturaleza responde a la nueva forma de hacer política de innovación que ya se está imponiendo.

La Orden de bases para las ayudas al fomento de la investigación técnica, que ha guiado las recientes convocatorias de los Ministerios de "Educación y Ciencia" y de "Industria Comercio y Turismo", incluye referencias explícitas a esta nueva política. La convocatoria de Proyectos Singulares y Estratégicos constituye un camino para explorar futuras posibilidades para los proyectos tractores. Además, estamos seguros de que en un próximo futuro, de esos proyectos singulares surgirán muchos proyectos tractores, que no sólo cumplirán sus objetivos tecnológicos y de estímulo de la cooperación y el gasto empresarial en I+D, sino que serán escuela de futuros impulsores y gestores de grandes proyectos europeos. Cotec ya ha transmitido al Gobierno el ofrecimiento de las empresas de nuestro Patronato para participar en consorcios de investigación industrial que sean tractores de tecnología.

Estamos convencidos de que sólo un adecuado diseño de los instrumentos de la política de innovación y de sus convocatorias conseguirá que sean correctamente interpretados y aprovechados por las empresas. Éstas ya no buscan del Estado sólo una contribución económica en forma de ayudas. Pretenden además que se produzca una corrección del entorno, que haga menos arriesgado emprender un proceso de innovación. Y esto se refiere tanto a nuevas oportunidades de mercado propiciadas por el Estado, como a la necesidad de profundas modificaciones legislativas, de las que existe una enorme lista, y de las que es una buena muestra, sólo una muestra, la urgencia que tenemos en toda Europa de una actualización de la Ley de Quiebras y de su entorno. Porque es una regulación que, en su forma actual, está frenando la creación de nuevas empresas de base tecnológica.

A partir de todo esto creemos que España está preparada para dar el gran salto y apostar por el conocimiento. Por la tecnología. Por la ciencia. Y por la innovación.

En breve se va a abrir una enorme posibilidad de influir en los nuevos enfoques de las políticas de innovación de la Unión Europea. Y con ello, llegará nuestro momento. Porque, hasta ayer mismo, todas esas políticas han sido, en realidad, una continuación de las que en 1983 se iniciaron con la implantación de los Programas Marco de Investigación. Unas políticas, no podemos olvidarlo, que fueron diseñadas y formuladas para atender las necesidades de los grandes grupos europeos, que debían competir con sus homólogos americanos. Y esta manera de hacer política tecnológica ha continuado hasta el presente, y en ella han tenido muy poca cabida los intereses de las empresas del sur de Europa.

Nos enfrentamos, pues, a grandes expectativas de cambio. Porque hacer política de innovación hoy tiene que ser mucho más que hacer política científica y tecnológica, que es lo que hemos hecho hasta ahora. Y así empieza a reconocerlo la propia Comisión Europea, que por primera vez ha incluido, en sus propuestas de Perspectivas Financieras para el período 2007-2013, previsiones para un programa específico de fomento de la innovación que ha llamado Programa Marco de Competitividad e Innovación. Aceptando, además, que ésta, la innovación, será fundamental para el diseño de otros importantes y tradicionales instrumentos financieros.

El panorama tecnológico que podemos visualizar en estos momentos, tanto en el ámbito nacional como en el europeo, sigue estando lleno de desafíos, pero también afortunadamente de posibilidades.

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