La colaboración menguó con la anterior crisis y, aunque el gasto institucional y privado vuelve a crecer lentamente, el desembolso de las compañías en innovación es tres veces menor que en Suecia
Todos los expertos coinciden en que si España no quiere ser un país que viva solo del sol y playa, sino tener una economía basada en el conocimiento, necesita encajar el mundo de la empresa con el de la universidad. Pero en España, aunque la cifra va subiendo modestamente desde 2016, aún las empresas invierten un 10% menos en contratos de I+D (investigación y desarrollo) en los campus que una década antes: 646 millones de euros en 2009, frente a los 581 millones de 2019, según los últimos datos que recoge el informe La contribución de las universidades españolas al desarrollo, de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) presentado este miércoles. El estudio se basa en una encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Main Science and Technology Indicators 2020/2, publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
El esfuerzo de las empresas españolas en I+D (0,7% en relación con el PIB) es la mitad que en la Unión Europea (1,39%), muy lejos del de la OCDE (1,76%) y a años luz de Israel (4,39%), Corea del Sur (3,73%) o Suecia (2,44%). Además, la inversión en ciencia de las empresas ha tenido el mismo comportamiento que el de las administraciones y las universidades. Vivió su mejor momento en 2009, sufrió un gran recorte hasta 2016 y ahora el gasto crece muy lentamente. Otro dato relevante: el 18,1% de los investigadores trabajaban en empresas en 2009 y una década después representan apenas un 15,4%. El caso más extremo es el de Corea del Sur, donde apenas el 9,6% de los investigadores están en la universidad.
El principal problema es que las pequeñas y medianas empresas (pymes) son el 99,83% del tejido empresarial de España y cuentan con unos medios muy modestos. Las de gran tamaño, en cambio, sí que inauguran cátedras de investigación en universidades públicas y privadas. Por eso los rectores de las cuatro politécnicas (Cataluña, Madrid, Valencia y Cartagena) propusieron sin éxito en marzo al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo canalizar ellos los fondos de investigación Next Generation de la Unión Europea. El objetivo era “crear una red de laboratorios, equipos, profesionales, estudiantes y departamentos de I+D+i que conecten la universidad con las pymes”, explicaron entonces los rectores en EL PAÍS.
Francesc Solé Parellada, vicepresidente de la Fundación CYD, es optimista: “La capacidad de que las universidades sirvan a la sociedad de forma porosa es nueva, como lo es nuestro sistema científico. Si resolvemos algunas trabas, la universidad española está preparada para dar el salto y ayudar a las pymes”. Parellada cree que los acuerdos tienen que ser a largo plazo y que las universidades tienen que tener a personas que gestionen la transversalidad: “Si la empresa pide algo que necesita conjugar a tres grupos de investigación y el que te recibe no lo domina, pues el proyecto ahora no prospera”.
La Universidad Pública de Navarra es uno de los campus que más contribuye en España a la riqueza de su región, según la Fundación CYD. Es una comunidad muy industrializada, lo que facilita la colaboración, pero Patxi Arregui, su vicerrector de Investigación, cree que su contribución se debe también a que “uno de los objetivos del plan estratégico de la universidad es el compromiso con el entorno”. Arregui opina: “Hay que romper un techo de cristal, porque nuestra labor no está en colaborar con una multinacional con un departamento de innovación autosuficiente, sino en ayudar a las pymes que no tienen medios y los conocimientos de todo”. Para facilitar la conexión, la UPNA ha agrupado a sus investigadores en siete institutos organizados por temáticas “para establecer sinergias y dar más visibilidad”, y cada uno de ellos tiene una unidad de negocio, “una ventanilla única”. De esta manera, han crecido los contratos no solo con empresas de base tecnológica sino sociales. “Lo que vemos es que quien prueba, repite”.
El plan estratégico del Gobierno de Navarra también ha marcado a la UPNA los intereses de la región. Al mirar los números, Arregui se sorprendió. El 26% de la financiación de la entidad proviene de las empresas y otro 26% de convocatorias públicas competitivas a las que han acudido con el sector privado. Pero el vicerrector cree que hay que dar un paso adelante y competir más por fondos europeos. “Si piensas solo en las necesidades de las empresas, a la larga te quemas. Tenemos que aprender cosas de Europa y eso revertirá en Navarra”. El problema es que, de media, las universidades españolas consiguen recursos comunitarios para uno de cada 10 proyectos que presentan “y resulta muy fácil a los investigadores acomodarse a las convocatorias de aquí que ya conocen”.
Publicaciones sin aplicación práctica
España es la undécima del mundo en producción científica y la vigésima en patentes. Es decir, la ingente producción de artículos no se plasma luego en innovaciones en las empresas. La prueba es que, según el informe, las universidades solo recaudaron de esta manera 4,1 millones de euros en 2019. Por eso, el Ministerio de Universidades ha creado un complemento salarial que premia la transferencia de conocimientos, no solo en patentes, sino en servicios a la comunidad.
A la cabeza de patentes está la Politécnica de Madrid (UPM), que en la última década ha tenido un promedio de 37 al año. Su peor dato, 14 patentes en 2017, coincidió con el hachazo inversor de todos los sectores. Su vicerrectora de Investigación, Asunción Gómez, aclara que no solo se trasmite conocimiento por las patentes, sino compartiendo en abierto sus descubrimientos. Tradicionalmente la UPM, cuenta Gómez, vendía la patente entera a una empresa, llegaba a acuerdos de licencias o montaba su propia empresa tecnológica, pero desde hace cuatro años ofrece también a las compañías servicios tarifados en sus infraestructuras. Por ejemplo, invernaderos punteros para biotecnología de las plantas.
Además, la UPM comienza ahora a poner en marcha ―ya está toda la legislación al día― las unidades de investigación conjunta. Alianzas para que convivan investigadores de la universidad y las empresas para ir juntas en la búsqueda de fuentes de financiación regionales, nacionales e internacionales. “A veces se necesitan infraestructuras costosísimas de dos o tres millones de euros y ambas se complementan”, prosigue la vicerrectora. Gómez tiene claro que se necesita tener una sólida red de comercialización para explotar las patentes y echa en falta mayor respaldo de las instituciones. La UPM cuenta con dos o tres funcionarios para su unidad de protección de patentes y los mismos para su unidad de comercialización. Una cifra insuficiente para competir en el mercado global.
Martí Parellada, coordinador del informe CYD, ve un futuro prometedor: “Las grandes empresas están promoviendo el emprendimiento en spin-off y startups. Acuerdos con otras instituciones para hacer avances en aspectos de investigación concretos. Y ahora lo que tiene que hacer la universidad es crear las condiciones”.
