El valor político del patrimonio como amenaza a su integridad. Una advertencia para la Comunidad de Madrid

La polémica actual sobre el traslado a Cataluña de los documentos de la Generalitat conservados en el Archivo Histórico Nacional -sección Guerra Civil, en Salamanca- debería obligarnos a españoles en general y madrileños en particular a reflexionar seriamente sobre el valor que le damos al Patrimonio Histórico (en adelante PH). En este caso particular, y como se decía en el siglo XIX, las "pasiones políticas" se imponen al interés común. O para ser más claro, ciertos gobernantes apoyados por un puñado de expertos prefieren poner los intereses del grupo al que pertenecen -en este caso la comunidad nacionalista catalana- por encima de los intereses culturales del conjunto de la ciudadanía española. No discutiré aquí si esta medida es legítima o no desde el punto de vista político, que lo es, pero cuestiono mucho que lo sea desde el punto de vista científico.

Poco se ha reflexionado en nuestro país sobre el papel que ha desempeñado el PH en definir nuestras identidades culturales y políticas, y prueba de ello es que es un tema que apenas se trata en los libros de Historia (nada que ver comparado con nuestro vecino francés). Si aún así leemos la escasa bibliografía existente sobre el tema descubriremos que hay la suficiente perspectiva histórica para afirmar que las medidas políticas que se van a tomar con los "papeles de Salamanca" no son ni correctas ni progresistas. Recurriré a algunos ejemplos. Para empezar, los pocos españoles que desde el siglo XIX lucharon por conservar el PH lo hicieron por un afán científico que luchó por imponerse al desinterés de la gente común (más interesada por sobrevivir al día a día) o al afán de gobernantes interesados de arrasarlo por razones ideológicas. Un hecho además poco conocido pero sorprendente es que fueron los políticos progresistas quienes más se afanaron durante el siglo XIX por destruir PH, sobre todo el religioso, asociado con el Antiguo Régimen y al que había que reemplazar por edificios y actividades "modernas". Y continuando con la paradoja, fueron los políticos conservadores quienes en 1844 pusieron en marcha un primer sistema de protección y gestión del PH -bien es cierto que muy imperfecto- basado en Comisiones Provinciales de Monumentos.

Uno de los más ilustres de aquellos comisionados fue precisamente un catalán, Próspero Bofarull, quien entre 1844 y 1849 organizó y abrió en Barcelona uno de los principales archivos históricos nacionales: el Archivo General de la Corona de Aragón. Bofarull rescató para el futuro una ingente masa documental que hasta entonces sólo había interesado a un reducido grupo de políticos y archiveros a los que se añadirían a partir de entonces la tampoco mucho mayor comunidad de investigadores. Pues bien, el affaire Salamanca parece que está animando a los actuales jerarcas autonómicos de Valencia y Baleares, tan del viejo Reino de Aragón como los catalanes, a exigir también la devolución de "sus" documentos históricos, a pesar de que hasta precisamente ahora habían demostrado un muy escaso interés por los mismos.

Ese "escaso interés" se explicaba por dos causas. La primera es que la mayor parte de la sociedad española, políticos incluidos, tenía escasa educación y necesidades más perentorias -el desarrollo económico por ejemplo- para interesarse por asuntos tan de alta cultura como la documentación de archivo. La segunda era la existencia de un estado centralista que igualmente centralizaba la mayor parte de los objetos culturales en una serie de puntos elegidos, especialmente Madrid y las capitales de provincia. Así se facilitaba su acceso a los pocos eruditos y masas educadas de antaño que habitaban generalmente en las ciudades.

Este proceder era lógico durante el siglo XIX y gran parte del XX; al fin y al cabo la tecnología de reproducción y transporte era muy limitada, y la única manera de poder ofrecer al público mucho del PH español era acumularlo. Nuestra España actual es muy distinta. Nuestra tecnología y nivel cultural son avanzadísimos y alcanzan a la mayor parte de la sociedad, lo que combinado con el tradicional deseo de las regiones españolas por autogobernarse da como resultado el tener un Estado descentralizado. En efecto, el autogobierno regional sería inconcebible sin un pueblo culto del que salieran funcionarios que se hicieran cargo de la complejidad del estado actual ni una tecnología de transportes y comunicaciones que permitiera la coordinación de las 17 Comunidades Autónomas. Y como esto ya se ha conseguido, ahora los políticos pueden dirigir su mirada a aspectos "menores" como el PH.

Y, por desgracia, como desconocemos la historia de las penurias de nuestro patrimonio, volvemos a caer en el pozo de las "pasiones políticas". En vez de aprender del pasado y de aprovecharnos de nuestra perspectiva científica, cada vez más políticos ven en el PH una "moneda de cambio". De poco vale argumentar que hoy el Archivo de la Guerra Civil es una colección documental perfectamente organizada, y que la propia Generalitat tenga reproducciones de todos los documentos que hay en Salamanca. Tampoco parece hacer mella la certeza de que al ritmo actual de digitalización no tardará en llegar el día en que cualquier investigador podrá acceder a esa documentación vía Internet, con lo que la localización física del documento original será irrelevante. Todo esto son minucias para los políticos nacionalistas catalanes -y para los políticos nacionales que pactan con ellos- que exigen la devolución de un patrimonio que consideran suyo y de nadie más. Incluso afirmaría que lo que ven en los papeles de Salamanca no es sino como el símbolo de un autogobierno perdido, convertido en botín de guerra por los vencedores de la Guerra Civil (castellanistas y centralistas, para más inri), a los que ahora se les tiene la oportunidad de humillar.

Y lo peor no es que hayamos asimilado las lecciones del pasado sino que estamos abriendo una peligrosa caja de Pandora que si a alguien tiene que hacer temblar es a la ciudad de Madrid. Es más que probable que la antigua beneficiaria de la centralización de la cultura española se vea pronto bombardeada por peticiones de regiones "perjudicadas" que de repente hayan visto la luz de la cultura. Si el gobierno regional quiere hacer una buena inversión cultural, más vale que vaya preparando a sus gestores para convencer a las restantes comunidades autónomas de que mucho del PH que alberga su territorio no provino del robo perpetrado por unos egoístas centralistas sino del resultado de la única política cultural posible en la España (y Europa) pobre de entonces. Ningún madrileño de bien defendería hoy esa política, pero para bien o para mal Madrid se convirtió con los siglos en un precioso y bien organizado depósito cultural, tan precioso y bien organizado como el propio Archivo de la Guerra Civil. El acceso a este patrimonio es hoy además sencillo para casi todos: los viajes a Madrid son asequibles, y las reproducciones digitales como ya dije harán incluso innecesarios los traslados. No hay, como en el caso salmantino, ni justificación cultural ni tecnológica para desmantelar las colecciones madrileñas. Tampoco creo que haya justificaciones políticas, pero conozco el pasado lo suficiente como para creer que aún hay ultraliberales que como los del siglo XIX destruirían el PH creyendo ingenuamente que así contribuyen al progreso de nuestra sociedad.