El Comité Asesor de Ética ha hecho finalmente público su esperado informe sobre embriones congelados y células madre embrionarias. El resultado final, contrariamente a lo augurado en ciertos corrillos, se ha acabado ajustando a lo razonablemente esperable. Se descarta la negativa tajante y se avala la investigación sujeta a restricciones. Se vota por la tercera vía, la única factible incluso en la escena internacional.
Había dudas, muchas dudas. Tal vez demasiadas. Hasta que se ha hecho público el primer documento del Comité Asesor de Ética, un instrumento consultivo creado por el
Ministerio de Ciencia y Tecnología en abril de 2002, nadie, o muy pocos, habría dado un euro por su contenido. Ni la composición del Comité inspiraba confianza en buena parte de la comunidad científica ni tampoco credibilidad entre los medios de comunicación que mayor atención han venido prestando a la política científica en estos últimos tiempos.
Sin duda, un mal comienzo que se ha visto salpicado, en sus primeros meses de vida, por declaraciones a menudo inoportunas y presiones desde diversos frentes que, aunque esperables, no han contribuido precisamente a facilitar su tarea. Una tarea que, por cierto, tampoco era nada fácil: ahí es nada emitir una opinión sobre qué hacer con los embriones congelados sobrantes de procesos de fertilización in vitro. Ese "qué hacer" significa ni más ni menos que decidir si pueden ser usados para fines científicos y, en concreto, para obtener de ellos células madre embrionarias.
La respuesta del comité, ciertamente moderada, es afirmativa: los embriones sobrantes cuyo último fin es su destrucción (bien sea por activa, bien sea por pasiva) pueden ser utilizados para obtener de ellos células madre. Para que ello sea posible, el comité recomienda modificar el actual marco legislativo, ya que la Ley de Reproducción Asistida, de 1988, no permite tal posibilidad. La Ley, por otra parte, mantiene un enorme vacío al no aclarar qué hacer con los embriones que han superado el límite de cinco años establecido para su obligatoria conservación. Pasado este tiempo, no pueden destruirse legalmente, pero tampoco está aconsejada su implantación en un útero. La única posibilidad que les espera, por consiguiente, es morir por "causas naturales".
SENTIDO COMÚNLa gran pregunta a la que han tenido que enfrentarse los miembros del Comité es si merece la pena dejar morir a los embriones. Diversos estudios científicos han evidenciado en los últimos años que las técnicas de crioconservación causan daños irreparables en el embrión. Hay dudas todavía acerca del momento preciso a partir del cual el embrión deja de ser viable, aunque algunos estudios desaconsejan implantarlos superados los tres años desde que fueran generados. Diversas mejoras técnicas parecen haber incrementado en los últimos tiempos el margen de viabilidad, pero muy pocos investigadores creen que superados los cinco años el porcentaje de embriones viables sea relevante.
Sea cual sea el margen temporal, es bien cierto que el problema no existiría si en las clínicas de reproducción asistida no se generaran muchos más embriones de los que realmente son necesarios. En algunos países, como Alemania, se tiende a minimizar la producción, con lo que apenas se añaden embriones a las neveras de nitrógeno líquido. En España continúa siendo práctica habitual, con lo que el problema, lejos de aminorar se acrecienta. Aunque no hay datos oficiales al respecto, se estima que entre 30.000 y 40.000 embriones están congelados. La mayor parte, por la experiencia acumulada, acabarán permaneciendo más tiempo de lo razonable en crioconservación. Dejarán, en un porcentaje importante, de ser viables.
Dejarlos morir cuando lo que se pretende es investigar vías terapéuticas para enfermedades hoy incurables parece un contrasentido. Si su fin último es igualmente la destrucción, no debería causar reproches que se usaran, con todos los controles y regulaciones pertinentes, para tratar de avanzar en conocimiento médico y posibles terapias. Y, además, con la máxima transparencia e implicación del sector público: flaco favor se le haría a la ciencia si este tipo de investigaciones quedara exclusivamente en manos de la empresa privada. Y menos nos lo haríamos a nosotros mismos, como ciudadanos y seres humanos, si se permitiera una manipulación del embrión con otros fines o sin la máxima vigilancia. Entonces todos seríamos Mengele.
En esta línea es en la que se ha pronunciado el Comité: luz verde a la investigación pero con restricciones. Sólo con embriones sobrantes y sólo con aquellos de los que se esté seguro de su inviabilidad. También se renuncia a los polisómicos. Y, por extensión, a la clonación terapéutica o, lo que viene a ser lo mismo, a la creación de embriones con fines científicos. Al menos, por el momento: con los sobrantes hay de sobras, viene a decir el informe. Además, a ellos se les puede añadir las 64 líneas financiadas por los fondos públicos estadounidenses, una opción restrictiva pero a fin de cuentas también interesante.
Con este paso, que no pocos consideran razonable y propio de un sentido común bien expresado, el comité se sitúa en línea con la tendencia internacional. Queda al margen de aquellos países que admiten la clonación terapéutica pero abre la puerta a que la comunidad científica española no tenga que renunciar a un tren de futuro.
EL GOBIERNO TIENE LA PALABRALa opinión emitida por el Comité Asesor de Ética, como recordó el ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, no es vinculante. De hecho, ninguna opinión de ningún comité similar, ni aquí ni en Europa, es vinculante. La misión de cualquiera de ellos es ofrecer una información contrastada, así como recomendaciones justificadas, para que quien tenga otorgada la capacidad de decidir tome la mejor decisión.
El gobierno tiene ahora dos opiniones sobre el mismo tema. La primera, de la Comisión Nacional de Reproducción Asistida, creada por Ley y dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo. La segunda, la del Comité Asesor y en manos de Ciencia y Tecnología. Ambas opiniones coinciden en lo esencial y efectúan recomendaciones similares.
El gobierno tiene, en consecuencia, argumentos para decidir. Si al Comité Asesor le ha tomado desde octubre y ha vivido momentos lógicos de tensión tanto por la sana discrepancia interna como por la presión externa, parece razonable que el Gobierno quiera tomarse su tiempo y meditar la respuesta adecuada.
No obstante, no parece aconsejable dilatar por más tiempo del necesario la decisión. Tampoco parecería razonable que el gobierno desoyera la opinión de comités de composición tan dispar pero de validez innegable. Preguntar a expertos por dos veces para luego no tomar en cuenta sus opiniones pondría en duda la credibilidad del sistema. Es un lujo que escapa al sentido común. Sobre todo porque ambas respuestas se sitúan en el terreno de lo razonablemente permisible.
