La LOSU pasará a tramitarse ahora en el Congreso con el objetivo de que esté aprobada a principios de 2023
A contrarreloj. Así llegó la reforma universitaria al Consejo de Ministros de este martes. Ha pasado casi un año desde que el texto llegara en primera lectura al seno del Gobierno y, desde entonces, la norma ha ido superando huelgas estudiantiles, negociaciones fracasadas, y hasta la dimisión de su impulsor, Manuel Castells. Aun así, el texto iniciará ahora su tramitación parlamentaria tras haber logrado desarrollar un articulado más general, con un acuerdo relativamente extenso, y cuyo objetivo principal va en una única dirección: modernizar el sistema universitario español, blindar su prestigio y mejorar las condiciones de los docentes y alumnos.
La LOSU, que en un principio se conoció como ley Castells, pasó en diciembre a manos de su sucesor, Joan Subirats, quien lleva medio año poniendo su sello a una renovada ley con la esperanza de tenerla definitivamente aprobada antes del primer semestre de 2023. "Necesitamos una ley para los próximos 20 años que incorpore los elementos de cambio de época", ha subrayado este martes el ministro de Universidades, Joan Subirats.
Poco a poco, y durante un largo proceso de consulta y escucha con los diferentes actores del sistema universitario, han ido saliendo a la luz las principales claves de la norma, que ha tenido que ser sometida a cambios desde su redactado inicial para cosechar el mayor consenso posible. Mayor financiación, estabilización de las plazas de profesorado, internacionalización de la universidad, más derechos al estudiantado... El texto que sale hoy del Consejo de Ministros todavía puede ser sometido a cambios durante el proceso de negociación en la Cámara baja desde la semana que viene; pero logra superar una fase muy complicada para el Ejecutivo.
Reducción de la temporalidad al 8%
En aras de erradicar la precariedad de los docentes universitarios, el proyecto de Subirats busca reducir la temporalidad. La ley actual fija que el porcentaje de plantilla del Personal Docente Investigador (PDI) con contrato temporal no puede superar el 40%. En el último borrador del Ministerio de Universidades, de mayo, se redujo ese porcentaje al 20%. Finalmente, y cediendo a las reivindicaciones de los sindicatos, el texto final queda en un máximo del 8%.
Además, la ley contempla medidas para que los profesores temporales puedan acceder y ascender en la carrera académica, reconociendo su experiencia docente en algunas convocatorias a Ayudante Doctor o mediante el fomento de contratos postdoctorales.
Se recupera, además, la figura del profesor Asociado, que colaborará en materias en las que su experiencia laboral sea relevante, siempre y cuando no supere un máximo de 120 horas lectivas. Se crea, asimismo, una nueva figura profesional: la del profesor Sustituto, que tendrá un derecho a reserva del puesto de trabajo, que suspenda temporalmente sus servicios para que las universidades no se vean obligadas a recurrir a otras figuras, como la del Asociado.
Estabilizar la profesión y reducir el envejecimiento
La futura norma contempla también transformar la carrera académica para que sea más corta y estable. La LOSU reduce a tres las etapas en el camino hacia la estabilización (actualmente son cuatro): acceso, estabilización y promoción. El objetivo, tal y como señaló Subirats, es que desde la primera fase hasta la última solo pasen diez años, logrando así otro de los objetivos marcados por el Gobierno: atajar el envejecimiento de la plantilla universitaria.
De este modo, el acceso a la carrera se realizará con la figura del Ayudante Doctor (con un contrato de seis años), a la que se accederá por concurso público. Una vez pasados esos años, podrá optar a la estabilización a través de las figuras de Titular de Universidad o el de Permanente Laboral, habiéndose acreditado o presentado a una oposición. Por último, la figura de promoción será la de Catedrático.
Más financiación
Otra de las novedades que introdujo Subirats tras recibir la cartera es la del compromiso del Ejecutivo en incrementar la inversión "en los próximos años". La nueva ley de universidades plantea que sea de un mínimo del 1% del PIB, lo que, destacan desde el Ministerio, supone un "avance" respecto a los datos actuales, que rondan el 0,7% de media. Esta medida va en línea también con lo contemplado en las otras leyes recientemente impulsadas; como la LOMLOE que acuerda una financiación de un 5%; o la ley de Ciencia, que plantea establecerlo al 1,25%. "Para el Ministerio de Universidades ha sido fundamental conseguir que este compromiso se plasmara en el texto", ha destacado Joan Subirats en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Formación a lo largo de la vida
También tiene la impronta de Subirats el fomento de la formación a lo largo de la vida. En el último borrador se incorporó un sistema de flexibilización de las titulaciones a lo largo de la vida para que, quien así lo desee, pueda cursar programas de corta o media duración -las bautizadas como microcredenciales-, que se ofertarán como títulos propios (no oficiales) y cuya duración será variada (entre los 3 y 30 créditos ECTS, en función de la formación).
El objetivo no es otro que incrementar el porcentaje de población mayor de 30 años que estudia un grado o un posgrado en la universidad, ya que ahora está en apenas un 6% del total de estudiantes. "Estamos en una etapa en la cual si quieres seguir trabajando tienes que estar formándote durante toda la vida", ha asegurado el ministro de Universidades.
Agilización de visados
Por primera vez, la LOSU incorpora un artículo dedicado a la internacionalización en el que mandata al Gobierno y a las comunidades autónomas a elaborar estrategias concretas para promover alianzas europeas. Así, se agilizan los visados por estudios para atraer talento, y podrán ampliarse a los dos años posteriores al grado, máster o posgrado si el solicitante quiere hacer prácticas o trabajar.
Se crea también otra nueva figura, la de Profesorado Distinguido, cuya función es la de atraer a profesores de prestigio académico e investigador, tanto del propio país como del extranjero.
Gobernanza
Este es uno de los ámbitos que se mantiene respecto a los últimos borradores. El nuevo texto planta un modelo en el quela elección de los representantes de la comunidad universitaria se haga mediante sufragio y a través de cuatro estructuras básicas: Claustro, Consejo de Gobierno, Consejo de Estudiantes y Consejo Social.
El Claustro, que es el órgano de máxima representación, deberá garantizar siempre una presencia de un 25%, como mínimo, de los estudiantes, y del 51% para el personal docente e investigador funcionario. Además, se eliminan los requisitos mínimos de investigación, docencia y gestión para elegir a los rectores, aunque sí que se marca que sus mandatos no podrán ser de más de seis años improrrogables.
Derecho a huelga para los estudiantes
Otra modificación que fue muy celebrada por el alumnado universitarios fue la de reconocer, por primera vez, el derecho al paro académico. Se fortalece asimismo su participación, del 25% en el Claustro (hasta ahora no había ningún mínimo establecido) y se les otorga otra serie de derechos, como el de participar en el proceso de elaboración de los planes de estudios y las guías docentes.
Acercar la ciencia a la ciudadanía
El texto recoge la apertura y transparencia de la investigación científica a la universidad, y establece que todas las publicaciones de las universidades públicas serán "accesibles" a la ciudadanía y disponibles en los repositorios institucionales. En esa línea, se fomentarán proyectos de investigación con los propios estudiantes para que participen en todo el proceso.
