Caminos de en medio para un debate crispado

Las recientes declaraciones de la ministra de Sanidad, Ana Pastor, en el Congreso de los Diputados, relativas a la investigación con células madre embrionarias, han abierto finalmente la caja de los truenos. De lo dicho por la ministra, que tachó de "irresponsables" a quienes quisieran optar por esta línea científica, sólo cabe deducir un claro posicionamiento de un sector del gobierno alineado claramente con tesis manifiestamente restrictivas. A oídos de algunos, y dado que es al gobierno a quien le compete tomar una decisión definitiva, lo expuesto estas últimas semanas suena a declaración de punto y final.

¿Es eso realmente así? ¿Cabe achacar las manifestaciones de la ministra a un desliz o bien forman parte de una estrategia calculada? Por ahora, no hay respuesta. Y si la hay, no procede del Ministerio de Sanidad ni del de Ciencia y Tecnología, sino de la comunidad científica que, por una vez, se ha apresurado a reclamar diálogo entre todas las partes.

Santiago Grisolía, secretario de la Fundación Valenciana para el Avance de las Ciencias, comentaba durante el reciente congreso de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, celebrado en León, lo que a su parecer era un debate "profundamente innecesario". Innecesario, decía, y llevado a posiciones extremas que poco o nada tienen que ver con la ciencia. La historia, en opinión de Grisolía, está repleta de errores motivados por la imposición de condicionantes religiosos, culturales o morales sobre los argumentos de la razón. ¿No estará pasando ahora lo mismo?, se preguntaba, al tiempo que respondía: "ciencia y creencia no deben mezclarse".

El sentir mayoritario de la comunidad científica parece comulgar con este postulado. Al menos, en lo que refiere a abrir las puertas del diálogo antes de tomar una decisión tan taxativa como la de prohibir cualquier tipo de investigación que implique el uso de células de origen embrionario.

Uno de los últimos, aunque no el único, en pedir este diálogo y de no tomar decisión alguna hasta disponer de suficiente información, ha sido César Nombela. En su calidad de presidente del Comité Asesor de Ética de la Investigación Científica y Técnica, Nombela ha reclamado a través de los medios de comunicación que se imponga "un punto de sensatez" en el debate. A su juicio, las posiciones se están polarizando hasta tal extremo que se "está desenfocando" la sustancia de lo que debe debatirse.

Nombela, en una entrevista publicada por El País, reivindica para sí y para su comité la posibilidad de emitir una opinión que pueda ser usada como fundamento para tomar una decisión. Al fin y al cabo, el comité fue nombrado, entre otras cosas, para eso. Pero por el momento, se deduce de sus palabras, nadie parece tenerlo en cuenta. Y eso es especialmente grave: ¿de qué sirve un comité si las decisiones se toman antes de conocer su opinión? No son pocos los que piensan que comités de expertos o de ética, o de ambas cosas a la vez, deben su credibilidad a la calidad de sus dictámenes. Flaco favor se le hace al comité español si, además de a las críticas de sesgado por motivos religiosos y éticos, que Nombela rechaza de plano, sus opiniones quedan relegadas a la anécdota. Las declaraciones de Pastor han sido, desde este punto de vista, totalmente inoportunas.

Sea como fuere, en un momento dado de la conversación, el presidente del comité habla de un camino de en medio en el que, dice, se encuentra la mayor parte de la sociedad. Para llegar hasta él, aclara, hay que buscar los "términos justos".

Los primeros son los de tipo científico. Lo primero que hay que hacer es demostrar que las células madre, bien sean las adultas, bien sean las embrionarias, pueden constituir en efecto una herramienta terapéutica eficaz. Y para comprobarlo, añade, hay que usar los modelos experimentales animales hasta exprimirlos. Sólo luego, y en función de "en qué circunstancias", podrá pasarse a la cuestión de si pueden emplearse o no células humanas.

CUESTIÓN ESTRATÉGICA

El planteamiento de Nombela, aunque razonable, podría interpretarse como un aplazamiento de la pregunta clave. De lo que se trata es de saber si se podrán usar células embrionarias para investigación o no y, llegado el caso, decidir el origen de esas células. Es decir, si podrán emplearse embriones sobrantes de procesos de fertilización, si podrán generarse protoembriones por clonación (clonación terapéutica) o si habrá que recurrir a otras fórmulas más imaginativas. El resto del debate, aunque necesario e inteligente, parece ahora mismo accesorio.

Entre otras razones, porque ésta es una cuestión que no pocos creen ya superada. Los argumentos acumulados a lo largo de 30 años de experimentación animal en células madre, aunque cierto es, con escasos éxitos en el terreno de la reprogramación celular, han acabado conduciendo a los experimentos con células humanas. Y el avance con éstas en los últimos cinco años ha sido suficientemente notorio como para que se abriera el debate en todo el mundo. Obviarlo llevaría a un callejón sin salida.

En este punto conviene remitirse a unas declaraciones que, tal vez por simples, son las que mejor resumen la situación. "Alguien, en algún lugar del mundo, lo va a hacer", decía Jesús Ávila, director del Centro de Biología Molecular de Madrid. Por tanto, añadía, nos exponemos, en este país y en otros donde finalmente se opte por limitar las investigaciones, a provocar un éxodo de cerebros que se acomoden a sistemas legales más permisivos, con el agravante de que las investigaciones que se lleven a cabo escapen de cualquier control público. Ávila reclamaba, en este sentido, un punto de valentía: "si esto ocurre, lo mejor es regularlo para evitar situaciones indeseadas".

De algún modo, las opiniones de Ávila, aunque con fundamentos distintos, coinciden con las de Nombela y Grisolía. En el fondo, lo que los tres reclaman es que se deje hablar a los expertos antes de tomar una determinación. Y que con todos los argumentos en la mano, decida quien le corresponda.

Ese, y no otro, parece el camino de en medio al que alude Nombela y que se está recorriendo no sólo en España sino en Europa, Estados Unidos y, en general, en aquellos países con la tecnología suficiente para avanzar. Porque, a pesar de lo mucho que se ha dicho y escrito, nadie parece del todo convencido para abandonar una línea de investigación que, junto con la genómica y otras plataformas tecnológicas, a buen seguro acabará configurando la medicina del futuro.

El Reino Unido, Suecia, Israel, Singapur y la India, entre otros, han abierto sus legislaciones de forma clara para permitir este tipo de investigaciones. Francia y Alemania, a cierta distancia, siguen la misma senda. Y Estados Unidos, aunque pudiera parecer lo contrario, no ha cerrado en absoluto la vía para la generación de conocimiento y el desarrollo de tecnología. A lo sumo, ha restringido las aportaciones públicas y mantiene intactas las opciones de un sector privado que, con el tiempo, ha ido extendiendo su trama. Allí se ha dado algo así como una doble pantalla para contentar a todos.

Y en lo que se refiere a la Unión Europea, es de todos sabido que el VI Programa Marco de Investigación ha visto demorada su definitiva aprobación por un conflicto supuestamente latente. A ese conflicto, y como abanderado de la parte restrictiva, se ha sumado España, aun sabiendo que se trata de una batalla en la que, finalmente, los argumentos de la razón no se situarán ni del bando de la ciencia ni tampoco en el de los condicionantes éticos y morales, que también deberían ser tenidos en cuenta. Al tiempo, pero no sería extraño que al final se acabarán imponiendo tesis más pragmáticas como las que impone una economía rampante. Y si esto es así, quizás el camino de en medio sea abogar por la mejor regulación posible.