La apuesta española por la genómica

La respuesta del gobierno, tal vez por la presión de los medios de comunicación, tal vez porque ya estuviera previsto, no se hizo esperar. A los pocos días, la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) anunciaba una acción especial en genómica y proteómica por un valor cercano a los 25.000 millones de pesetas a repartir en los próximos tres años, 2001 inclusive.

Desde la comunidad científica el anuncio ha sido bien recibido. No podía ser de otra forma, puesto que no en vano lo que se ventilará en los próximos meses no es tanto disponer de tecnología, infraestructuras y financiación para proyectos específicos, como encarar de forma adecuada una nueva forma de investigar en ciencias de la vida. La genómica y la proteómica, defienden muchos investigadores, no son más que plataformas comunes desde las que edificar una biomedicina basada en el conocimiento de los genes, pero también desarrollos agrícolas, ganaderos o biotecnológicos. Y por supuesto, nuevos conocimientos básicos en ciencias de la vida. Quedarse al margen del uso de ambas plataformas podría significar, según este argumento, caerse definitivamente de un tren que hoy corre más rápido que nunca.

No es de extrañar, por tanto, que desde el gobierno se muestre sensibilidad por el tema. Una sensibilidad que, por otra parte, debiera traducirse en algo más que inversiones. De un lado, se exige también capacidad de liderazgo y coordinación. Del otro, introducir un cambio de cultura en la relación ciencia-administración para que todo cuanto se plantee cuaje en el menor tiempo posible.

De todo ello, sin embargo, y aunque se ha manifestado públicamente el interés por ir deprisa, todavía queda mucho por atar. Por el momento, ha trascendido que dos ministerios, el de Sanidad y Consumo y el de Ciencia y Tecnología, van a trabajar coordinadamente en la puesta en marcha de una gran red nacional en la que se integren investigadores y centros. Pero también que entre ambos se ha desatado una pugna por hacerse con el liderazgo de la iniciativa, al menos en lo que refiere al ámbito de la biomedicina. El primero de ellos, a través de Rubén Moreno, presidente del INSALUD, ya se ha pronunciado al respecto. El segundo, en la voz de Ramón Marimón, secretario de Estado de Política Científica y Tecnológica, ha recordado que es su Ministerio el que va a poner 7.000 de los 8.000 millones prometidos por año.

A los científicos, que se han reunido en diversas convocatorias para debatir las necesidades de España en materia de infraestructuras e inversiones, parece que la pugna no les interesa demasiado. Como tampoco les interesa saber de dónde va a salir ese dinero. Si les preocupa qué hacer con él y de qué modo va a repartirse.

Las necesidades que plantea la comunidad científica responden a varias a varias estrategias combinadas. Entre otras, generar polos de desarrollo y soporte a la investigación en áreas como la transcriptómica, en especial para la puesta a punto de tecnología de biochips; la proteómica, entendida como la identificación, caracterización y análisis de la función de las proteínas; la metabolómica, vista desde la perspectiva de las interacciones metabólicas; la bioinformática, en forma de herramientas y servicios; la genotipación, en clave de servicios; y el desarrollo de modelos animales y el análisis de su conducta.

Para todo ello se demandan desde centros específicos para desarrollar alguna de las áreas, hasta la formación de personal altamente cualificado, pasando por la definición de proyectos específicos de carácter colaborativo y gran envergadura. Algo que, entienden los científicos, sólo puede vehiculares mediante el establecimiento de redes que faciliten el acceso a grupos competitivos con independencia de su ubicación y su tamaño, y la definición de mecanismos de protección para los resultados de la investigación. O lo que es lo mismo, redefinir de qué modo se va a operar con las patentes potenciales que se generen.

El ministerio, o los ministerios, competentes saben pues bien a qué atenerse. Y saben, o deberían, que las disputas internas pueden llevar a una innecesaria pérdida de tiempo. Lo que está en juego no es tanto la participación española en la segunda fase del estudio del genoma humano, que también, sino de disponer de instrumentos para participar con posibilidades de éxito en áreas que, como la biomedicina o la biotecnología, van a ser claves para el desarrollo económico del mundo occidental en la presente década. Ese, y no otro, es el reto.