En 1999 la UNESCO e ICSU reunieron en Budapest a unas 2000 personas, entre científicos y altos funcionarios públicos de 150 países, para discutir la posibilidad de un nuevo pacto social por la ciencia. El nuevo arreglo propuesto debía sustituir la autonomía por el compromiso. Básicamente, lo que la sociedad pedía a los científicos a través de Federico Mayor Zaragoza, Secretario General de la UNESCO, ya no era conocimiento fiable a cambio de recursos que aseguraran su independencia de criterio. Lo que se reclamaba para el nuevo milenio era que afirmaran su disposición para hacerse cargo de los problemas del mundo. Werner Arber, premio Nobel en 1978 y presidente del International Council of Scientific Unions y, de alguna manera, la voz de la ciencia, ofrecía un pacto más convencional que no amenazara el arreglo logrado tras la II Guerra Mundial. Mientras que UNESCO hablaba de democratizar la ciencia, ICSU ofrecía su mejor disposición para mejorar las relaciones con los gobiernos y con la ciudadanía.
Las tensiones entre las dos partes, las organizaciones científicas y las instituciones políticas, estuvieron muy presentes. Nature que envió un corresponsal al Congreso, llegó a contarle a sus lectores que para los científicos se había terminado la fiesta. Budapest representaba un punto de inflexión que obligaba a todos a tomarse en serio las consecuencias de la investigación, pues la tecnociencia se había convertido en aliado sumiso del poder y, en consecuencia, de la violencia, la desigualdad y la injusticia. Por eso el preámbulo de la Declaration on Science and the Use of Scientific Knowledge era tan claro en su recordatorio de que los científicos debían ponerse al servicio de la paz, el bienestar común y la reparación de todas las asimetrías de nuestro mundo. La fiesta que había terminado era la de la inocencia. UNESCO exigía el fin de las declaraciones genéricas, buenistas y ciegas ante la evidencia. El corresponsal de Nature lamentó que faltaran mujeres y jóvenes, es decir, audacia, generosidad y modestia; a la par criticaba la grandilocuencia de unos dignatarios incapaces de construir vínculos claros entre ciencia y bien común.
Los científicos sabían mucho de los peligros que para el conocimiento, tanto su validez epistémica como su calidad ética, tienen los relatos que apelan a la responsabilidad pero solo buscan sumisión. La Revolución Francesa y, en general, todas las guerras habían producido algunos iconos difíciles de olvidar, desde la muerte a guillotina de Lavoisier al gaseado de las tropas en el campo de batalla o, la más imponente de todas, la destrucción gratuita de Hiroshima y Nagasaki. “La republique n'a pas besoin de savants”, fue la respuesta que dio el verdugo al mayor de todos los químicos cuando, queriendo concluir un texto que estaba escribiendo, solicitó unos días de gracia antes de que se ejecutara la sentencia. No se los dieron. Nunca hubo tolerancia para las mentes independientes. Ese asesinato a manos de republicanos inauguraba una época y deberíamos impedir su olvido. Tenemos tantos ejemplos históricos y actuales que haría falta un libro enorme para contarlos. No es sencillo el equilibrio que se buscaba en Bucarest. No es fácil pero sigue siendo urgente.
Desde 1980, tras la aprobación de la Bay-Dole Act que amplía a los descubrimientos (y no solo para las invenciones) la posibilidad de reclamar derechos de propiedad intelectual, las cosas cambiaron radicalmente. Dos décadas después, en Budapest, ya sabíamos lo suficiente como para ensayar un cambio de rumbo. La ciencia se había convertido en un recurso que cotizaba en bolsa y cuyo principal beneficiario eran las corporaciones industriales. Se daba, y se sigue dando, la paradoja, de que su producción se beneficiaba de ingentes fondos públicos y su explotación se capitalizaba en manos privadas. La ciencia estaba en la vanguardia del neoliberalismo. La ciencia era y es muy importante. Nadie lo discute y menos en estos días. La pandemia lo hizo evidente, como también dejó clara la necesidad de abrir el conocimiento, compartir las bases de datos y favorecer la cooperación antes que la competición y la meritocracia. La covid-19 mostró la urgencia de anteponer la salud a la rentabilidad o, con menos palabras, la necesidad de volver a plantearnos un nuevo pacto social por la ciencia. Lavoisier, Hiroshima y Budapest no están es nuestro pasado. Siguen siendo una tarea pendiente y están en nuestro futuro.
Antonio Lafuente es doctor en ciencias físicas y trabaja en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC, Madrid). Ha publicado dos docenas de libros y más de cien artículos o capítulos de libro, muchos de ellos en revistas o publicaciones internacionales. Ha dirigido colecciones editoriales sobre ciencia y, entre sus libros con más suerte hay que citar Los caballeros del punto fijo (1987), Mundialización de la ciencia y cultura nacional (1992), Ciencia colonial en América (1996), Guía del Madrid Científico: ciencia y corte (1998), El carnaval de la tecnociencia (2007), Las dos orillas de la ciencia (2012) y ¡Todos sabios! (2013). Tras muchos años explorando cómo ciencia e imperio se coproducen o cómo la ciencia no puede sobrevivir sin sus públicos, ahora está más interesado en la escala urbana de la ciencia y, en particular, por las prácticas asociadas a las nociones de procomún, prototipo, laboratorio ciudadano y ciencia abierta. Fue coordinador del Laboratorio del Procomún entre 2007 y 2017 (MediaLab-Prado, Madrid), y de la web La Aventura de Aprender, una plataforma donde se sostiene que los movimientos sociales y colectivos ciudadanos, entendidos como comunidades de aprendizaje que articulan demandas locales, deberían ser parte del sistema educactivo.
