Un ordenador en la basura
La vida media útil de un ordenador y de sus distintos componentes se ha visto extraordinariamente reducida a lo largo del último decenio. De los seis a siete años que se calculaban hasta hace relativamente poco tiempo para una CPU (unidad central de procesamiento) o una pantalla, en la actualidad nos hemos situado a poco más de cuatro y, según distintas estimaciones, va a reducirse a apenas dos para 2004. La culpa, si es que alguien la tiene, debe repartirse entre la industria de fabricantes y el propio consumidor, ávido de innovaciones, de nuevas prestaciones y de mayor velocidad y capacidad de almacenamiento de datos.
La velocidad con la que se introducen mejoras en equipos informáticos, ofimáticos y, en general, en todo tipo de aparato electrónico, junto con un consumo desmesurado de las mismas, ha acabado generando un problema cuyo alcance apenas es percibido ni por los usuarios ni por la industria ni tampoco por la Administración. Distintos intereses, entre sociales y económicos, han provocado que por una vez la obsolescencia de productos sea vista como un mal menor y no sean atendidas como es debido las consecuencias que acarrea.
La principal, y de la que desde hace un tiempo distintos sectores han empezado a tomar nota, recibe el nombre de chatarra electrónica. Cada año, en la Unión Europea, se acumulan entre seis y siete millones de toneladas de residuos electrónicos, con un ritmo de crecimiento anual que, según la Oficina Ambiental Europea, supera en un 4% al de la producción de basura doméstica. Según esta misma entidad, el 90% de la basura electrónica se deposita directamente en vertederos municipales, los mismos a los que van a parar los residuos generados en los hogares.
La UE estima que el volumen de basura informática se incrementa entre un 16% y un 28% cada cinco años, tres veces más deprisa que todas las basuras consideradas en su conjunto. En un estudio publicado recientemente, añade que este tipo de residuos constituye "la mayor fuente de metales pesados y contaminantes orgánicos" de las basuras municipales por lo que deben ser considerados residuos "tóxicos y peligrosos". Como tales, opina, deben ser tratados mediante políticas que reduzcan el volumen de residuos generados y que, a la par, permitan recuperar el mayor porcentaje posible de sus componentes para reciclaje o reutilización. La aplicación de distintas iniciativas, señala un segundo informe de la UE, podría permitir la recuperación de entre el 70% y el 90% de los materiales usados.
La situación en Estados Unidos no es más halagüeña. Según distintos estudios, en ese país se han vendido más de 300 millones de ordenadores desde 1980. De ellos, cerca de 50 millones de aparatos han sido retirados de la circulación en los últimos tres años y se estima que para 2004 habrá por encima de los 315 millones de ordenadores obsoletos. Tan sólo entre un 14% y un 20% de ellos, al ritmo actual, serán reciclados o "revendidos" a países en desarrollo.
UN RESIDUO TÓXICO
La futura directiva europea, en la que se lleva varios años de redacción y cuya aprobación está prevista para los próximos meses, prevé dar al ordenador obsoleto o a otros equipos eléctricos y electrónicos, un tratamiento similar al que se ha dictado para los automóviles. Esto es, un residuo tóxico y peligroso en su conjunto (y no sólo para partes o componentes del mismo, como hasta ahora), en cuya gestión deberá participar de algún modo el sector productivo presumiblemente con la aplicación del principio "quien contamina paga".
La pretensión de los distintos agentes sociales a los que se ha recabado opinión es que se implementen en los ordenadores del futuro aspectos ahora no considerados. En primer lugar, procurar una mayor vida útil a los equipos informáticos, garantizar la disponibilidad de repuestos para su reparación o ampliación e introducir una mayor simplicidad en su diseño para que los costes de reparación no sean, en la práctica, tan elevados como la adquisición de un nuevo equipo.
Por otra parte, se pretende también sustituir tanto como sea posible la presencia de materiales tóxicos y peligrosos en su composición (desde metales pesados hasta retardantes de llama, pasando por plásticos de distinta composición) o, como mal menor, que estos sean fácilmente recuperables en plantas especiales de tratamiento. Finalmente, la directiva aspira a que el uso de principios de ecodiseño permita minimizar en origen la generación de residuos o, en el peor de los casos, recuperar para su reintroducción en el mercado a buena parte de sus componentes. Eso, sin obviar las posibilidades de reutilización para otros usos fomentando el mercado de segunda mano o bien favoreciendo el flujo de equipos en condiciones adecuadas a países en desarrollo o a sectores de población desfavorecidas como bolsas de inmigración o capas sociales con escasos medios (el denominado Cuarto Mundo).
Por supuesto, la industria, especialmente en Estados Unidos, ha ejercido una enorme presión para tratar de minimizar el impacto de la futura directiva, resistiéndose a considerar el ordenador obsoleto como un residuo tóxico y peligroso y a incorporar medidas que frenen la rápida reposición de equipos. No obstante, y pese a las presiones, todo apunta a que ni que sea de forma reducida finalmente va a concretarse este primer paso.
Paradójicamente, va a ser durante el período de presidencia española de la UE cuando en teoría corresponde la aprobación de la directiva. Paradójicamente porque en España el problema apenas ha sido considerado hasta ahora y porque, salvo campañas puntuales para la recogida y tratamiento de teléfonos móviles, como la impulsada en Madrid a lo largo de 2001, o la autorización de unos pocos gestores especializados para este tipo de residuos, no se ha hecho nada.
