La trama de los agrocarburantes en el Estado español

Si el biodiésel se produjera a partir de colza, se necesitaría usar el 10% de las tierras cultivables del Estado español para atender la demanda que supondría la totalidad de las plantas de biodiésel en pleno funcionamiento. En el caso de utilizar girasol o soja, este porcentaje se duplicaría. La tendencia actual muestra que las materias primas no llegarán de territorio español, sino que la mayoría serán importadas de la Periferia (Argentina, Brasil, Centroamérica, Indonesia, etc.) recorriendo miles de kilómetros. Según un informe de Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA, 2007), la cantidad de oleaginosas requeridas en Europa en el año 2020 supondría más del 90% de toda la producción comunitarias y por lo tanto, el abastecimiento de biodiesel sólo será posible recurriendo a la importación del 50% del consumo previsto.

Los distintos niveles de gobierno y numerosos centros de investigación públicos y privados son parte del entramado y participan apoyando la producción de agrocombustibles

Los distintos niveles de gobierno y numerosos centros de investigación públicos y privados son parte del entramado y participan apoyando la producción de agrocombustibles. Por ejemplo, la planta Bionet Europa (Reus), participada por el Instituto para el Desarrollo Energético (IDEA), l'Institut Català de l'Energia (ICAEN), y socios privados como Agrar Tecknick y Reagra; la planta Idea (Alcalá de Henares), impulsada por Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y la Universidad Complutense de Madrid; o la planta Biodiésel de Andalucía 2004 SA - BIDA, proyecto subvencionado en un 100% por el gobierno andaluz.

La implementación obligatoria de los agrocarburantes en el sector de los transportes, sin disponer de la capacidad de producción local necesaria, y particularmente de disponibilidad de tierras dentro del Estado español para cultivos energéticos, genera la necesidad de importar la materia prima (soja, palma aceitera, maíz, etc.). Ello resulta preocupante puesto que el desarrollo desmesurado de cultivos energéticos en países en vías de desarrollo tendrá impactos sociales y ecológicos negativos, en la medida de que la demanda de materias primas para combustibles supondrá para los países productores incrementar la superficie de cultivo. Esto provocara en diversas regiones el avance irremediable de la frontera agropecuaria sobre áreas de incalculable valor biológico y cultural. Este proceso, además, profundiza los impactos ya conocidos de los monocultivos como la soja, en cuanto al uso desregulado de agroquímicos, el desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas, el despoblamiento rural por la concentración de la tierra y la producción de gran escala para exportación.

Todo ello se produce, en última instancia, a costa de satisfacer las necesidades energéticas del mundo desarrollado^[3], cuando en realidad debería primar la generación de recursos energéticos con materias primas locales, privilegiando la búsqueda de la soberanía energética, tanto en el Centro, como en la Periferia.

Por último, el modelo de implantación de gran escala profundiza el proceso de concentración masiva de riqueza, priorizando la rentabilidad económica de unas pocas empresas sobre la sostenibilidad social y ambiental de las regiones más vulnerables del planeta. Partiendo de este escenario, nos preguntamos, por un lado, cómo los pequeños agricultores y las comunidades rurales pueden acceder a los beneficios de la producción y comercialización de los agrocombustibles, cuando la producción, la distribución, la provisión de insumos, la regulación del precio, etc., se encuentra en manos de las grandes corporaciones y lobbies económicos. Y por otro lado, cómo gobiernos "de profundos valores democráticos" promueven los biocombustibles, aun conociendo que en los países productores esto generará profundas desigualdades, exclusión social, pérdida de diversidad, de libertades y de autonomía.

Fuente: larioja.com

La producción de agrocombustibles en pequeña escala podría constituir un modelo alternativo viable

Consideramos que la producción de agrocombustibles en pequeña escala (para autoconsumo, con materias primas que no entren en conflicto con la producción alimentaria o bien provengan del reciclado o del cultivo de tierras degradadas, promovidas por cooperativas o asociaciones de pequeños productores, entre otras características) podría constituir un modelo alternativo viable. Y en lo inmediato, una respuesta atinada se ubica en políticas que regulen el consumo energético insostenible, mejoren la eficiencia y de manera general, que permitan iniciar un proceso de descrecimiento operando una ruptura con la lógica crematística actual, principal responsable de dichas problemáticas.

En definitiva la aplicación de principios de sostenibilidad, dar prioridad a tecnologías que aumenten la productividad de los recursos, más que incrementar la cantidad extraída de recursos (Daly, 1997), dar prioridad a tecnologías orientadas a la satisfacción de necesidades básicas y que contribuyan a la reducción de las desigualdades (Vilches y Gil-Pérez, 2003), y aplicar el Principio de Precaución cuando no conocemos las repercusiones económicas, sociales, ambientales y institucionales que una tecnología puede desencadenar en el ámbito local y global. Es más bien a partir de la noción de justicia ambiental, que las políticas públicas del Estado español deberían tender a evitar la afectación social y ambiental de las poblaciones de la Periferia vinculada con el uso desproporcionado de los recursos -de por sí limitados- del planeta por las sociedades del Centro, y por las propias empresas españolas. La expansión de varias de ellas ha contado con diferentes mecanismos públicos de apoyo a la internacionalización, a pesar de haber demostrado en los últimos años una auténtica irresponsabilidad social corporativa en sus actuaciones en el Sur.