Entrevista a Silvia Díez Sastre, profesora de Derecho Administrativo en la Universidad Autónoma de Madrid y directora del Instituto de Derecho Local
Preséntenos su investigación
Una de mis principales líneas de investigación, que desarrollo en la actualidad como directora del Instituto de Derecho Local de la UAM, es el estudio del Derecho Local, esto es, de las normas que se aplican a las entidades locales, como provincias, comarcas, consejos insulares, municipios, entre otras. El Derecho Local es una rama de una línea más amplia, que es el Derecho Administrativo, ocupado de analizar las normas que tienen como destinatario a la Administración.
Los Gobiernos y Administraciones de estas entidades deben hacer frente a numerosos retos en nuestra sociedad. Son las más cercanas a los ciudadanos y las que deben satisfacer de forma inmediata a sus necesidades. La pandemia ha mostrado recientemente cómo los Ayuntamientos han respondido creando nuevos servicios y ampliando la dotación de otros para atender a todos los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables.
A pesar de ello, las reglas que se aplican al funcionamiento de estas entidades tanto a nivel europeo como nacional no siempre tienen en cuenta las particularidades que tiene este nivel de Gobierno y Administración. La más destacada es su diversidad: poco tiene que ver la gestión y financiación de la ciudad de Madrid con la de un municipio de la sierra madrileña. La investigación en Derecho en este ámbito trata de analizar, así, la adecuación de las normas a la realidad social, su eficacia para resolver problemas, así como los problemas técnico-jurídicos que se derivan de su aplicación.
¿De qué manera contribuye su investigación a afrontar los desafíos de la sociedad? ¿Cuál es su aplicabilidad?
La investigación en Derecho tiene dos orientaciones principales: por un lado, poner el foco en cuestiones que todavía no se han abordado jurídicamente o que se encuentran en un estadio muy inicial de regulación con el fin de proponer soluciones regulatorias; por otro lado, identificar problemas en la articulación o la aplicación de las normas en un ámbito concreto. En ambos casos, se trata de dotar a la sociedad de normas que, en el caso del Derecho Administrativo, aseguren un adecuado ejercicio del poder, que se someta al control posterior de los jueces, así como un nivel adecuado de desempeño de las funciones que tiene atribuidas la Administración. De este modo se contribuye a la realización del Estado de derecho, del Estado social y del sistema democrático. Solo un contexto que goce de estas garantías nos asegura el desarrollo económico y la cohesión social y territorial; en otras palabras, nos permite ser más iguales y más libres.
¿Cómo hacer llegar a la sociedad la investigación que se lleva a cabo en el campo del Derecho?
La investigación en Derecho es una gran desconocida en nuestras sociedades, al igual que sucede con la investigación en otros ámbitos de las Humanidades o Ciencias Sociales. No solo se desarrolla investigación en un laboratorio. Por supuesto, la investigación jurídica parte de unos presupuestos distintos, porque el derecho es un fenómeno social, cultural e histórico, pero muchos de los métodos que aplicamos no son tan distintos. Tenemos hipótesis, elaboramos teorías que ponemos en práctica para explicar y entender mejor la realidad y para, en su caso, proponer mejoras en el sistema.
“El estudio de la organización de la Administración y de los procedimientos que se deben seguir para la toma de decisiones son líneas de análisis imprescindibles en nuestro Derecho contemporáneo”
Nuestro trabajo se confunde en muchas ocasiones con el de otros juristas, que se desempeñan profesionalmente en otro tipo de funciones (abogados, jueces, etc.). De ahí la dificultad para hacer llegar la investigación jurídica a la sociedad en su conjunto. Creo que los medios de comunicación tienen un papel importante en esta tarea de divulgación, pero también las universidades deben poner a disposición de los investigadores más y mejores canales de difusión de nuestro trabajo.
A pesar de ello, el trabajo que se realiza en el ámbito del Derecho Administrativo sí tiene una transferencia directa en la colaboración con numerosas Administraciones que confían en la universidad para mejorar la formación de su personal y para resolver problemas complejos que abordan en su día a día.
¿Qué retos tiene que abordar, en su opinión, el estudio del Derecho Local?
En la actualidad, las entidades locales tienen grandes retos en nuestro país y en los países de nuestro entorno. Quizás, el más importante de ellos es abordar la fractura que existe entre el ámbito rural y urbano, la famosa “España vacía”. En torno a ese contexto se vertebran muchos de los problemas de gestión de servicios públicos y de financiación de las entidades locales que deben resolverse en el futuro. El Derecho tiene que ser una herramienta útil para ayudar a resolver estos problemas.
Por otro lado, debemos ser conscientes de que el papel del Estado está cambiando en nuestras sociedades. Frente a los inmensos retos que tenemos por delante vinculados, en su mayoría, al cambio climático, el Estado tiene que adoptar decisiones estratégicas que ayuden a construir nuestro futuro colectivo. El estudio de la organización de la Administración y de los procedimientos que se deben seguir para la toma de decisiones son líneas de análisis imprescindibles en nuestro Derecho contemporáneo. Hemos tenido ejemplos muy claros de estos problemas durante toda la gestión de la pandemia y tendremos problemas similares en el futuro. Nuestra tarea, como investigadores, es identificar estos problemas y tratar de ofrecer líneas de análisis y de posibles soluciones.
¿Qué papel ha desempeñado la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de su universidad en el desarrollo de su caso de éxito, la creación del Instituto de Derecho Local?
En el caso del Instituto de Derecho Local de la UAM, contamos con la ayuda de la Fundación de la UAM para la gestión de todos nuestros proyectos tanto de docencia como de transferencia del conocimiento, especialmente, al sector público. Sería imposible para nosotros hacer frente a las exigencias administrativas que supone la gestión de todas estas actividades. Así que el papel de la FUAM ha sido y es fundamental.
¿Cómo avanza Madrid cuando avanza la ciencia en Madrid?
La investigación madrileña se sostiene, a mi juicio, gracias a la calidad de sus grupos de investigación, que son capaces de atraer financiación nacional y europea, pero el apoyo regional es fundamental para dar continuidad y reforzar, sobre todo, la formación y actividad investigadora de los más jóvenes.
