La dura batalla de los transgénicos

La moratoria fue establecida en 1998 ante el alud de críticas que suscitó la aplicación de una normativa europea que a todas luces se mostraba insuficiente para prevenir los muchos riesgos que por aquel entonces se achacaban a los organismos modificados genéticamente. La ley hasta aquel momento vigente se consideraba demasiado laxa y poco apropiada tanto en relación con el conocimiento científico acumulado como para regular unas aplicaciones que crecían en demanda en todo el territorio europeo. Ante la falta de consenso, de ciencia suficiente y de un marco legal apropiado, la UE determinó 'sine die' una prohibición que no era 'de iure' pero sí 'de facto'.

El tiempo transcurrido desde entonces ha sido suficiente como para que algunos de los puntos más críticos que afectan a la liberación experimental o comercial de vegetales transgénicos cuenten con una regulación básica en todo el territorio de la UE. También ha sido tiempo suficiente para que desde distintos sectores se reclame una solución definitiva y que ésta sea tomada cuanto antes. En el debate, cuando no en la presión, participan empresas biotecnológicas, asociaciones de agricultores, parte de la comunidad científica y organizaciones ecologistas. Por encima de todos ellos, distintos gobiernos han empezado a jugar sus bazas.

El que más decidido parece a jugar fuerte es Washington. En los dos últimos meses, varias organizaciones estadounidenses vinculadas al sector agrícola han empezado a debatir seriamente la conveniencia de llevar la moratoria europea ante los tribunales de comercio internacional. En concreto, ante la World Trade Organization (WTO), la organización que rige las reglas del juego del comercio en el mundo. Desde EE.UU. se ve con preocupación la demora en el levantamiento de un veto que provoca, según cálculos del sector, pérdidas por ventas no efectuadas de unos 300 millones de dólares anuales.

Christopher A. Padilla, asesor del gobierno de EE.UU. para asuntos comerciales, fue el primero, el pasado mes de febrero, que clamó por una solución drástica. En un foro auspiciado por la Pew Initiative on Food and Biotechnology, una de las más prestigiosas del sector, celebrado en Washington, Padilla planteó abiertamente lo que a su juicio piensan muchos de sus compatriotas: "La moratoria no tiene nada que ver con la ciencia, sino que es debida a motivos políticos", declaró.

Padilla reclamó en el foro biotecnológico la mediación de la WTO, el único organismo que, a su juicio, puede forzar a la UE a levantar la moratoria. Por su parte, Ron Gaskill, de la poderosa American Farm Bureau Federation, añadió más razones: "La moratoria no tiene ninguna base legal". En un documento hecho público semanas después por esta organización, Gaskill esgrime las pérdidas multimillonarias que causa la negativa europea como argumento para demostrar que contraviene "las más esenciales normas" de libre-comercio.

Entre los asistentes al foro biotecnológico, según recogía recientemente 'The Scientist', había pocas dudas de que el conflicto tiene suficiente base legal como para ser llevado a los tribunales internacionales e incluso ganar el caso. Otra cosa muy distinta es que una actuación de este tipo fuera o no conveniente. En opinión de Julia Moore, de la Woodrow Wilson International Center for Scholars, llevar a la UE ante el WTO podría ser "claramente contraproducente". Y más en el momento actual. Moore considera que una acción legal de este tipo podría influir negativamente en la percepción que tiene el consumidor europeo con respecto a los organismos modificados genéticamente (OGM). Y que si el caso se llegara a ganar, provocaría una reacción de rechazo que, a efectos prácticos, acabaría siendo peor que la propia moratoria. Para la académica estadounidense, la aceptación por la fuerza de la biotecnología, aunque estuviera argumentada legalmente, sería equivalente a una imposición.

MALA PRENSA

El debate, pues, al menos en este punto, no se centra tanto en imponer la fuerza de la ley como en ganarse la confianza del consumidor y, en paralelo, demostrar que la ciencia aporta suficientes argumentos para demostrar la validez de los cultivos transgénicos. Por lo que parece, no va a ser nada fácil.

Entre otras razones porque la percepción que tienen los europeos acerca de la biotecnología no es excesivamente positiva. Más bien se da una mezcla de interés y escepticismo que fluctúa de acuerdo con la aplicación prevista. Según resume el Eurobarómetro 2002, dado a conocer este mes de marzo por la Comisión Europea, en la UE no existe tecnofobia. Pero ello no quita que en relación con la agricultura y la industria alimentaria, principalmente, la mayor parte de europeos considere que el riesgo supera a los beneficios.

La opinión que tienen los europeos acerca del desarrollo científico y tecnológico en general viene siendo, al menos en los últimos diez años, francamente positiva, dice la macroencuesta. Para una gran mayoría, las telecomunicaciones y las tecnologías de la información, representadas ambas por el auge de Internet, así como la telefonía móvil o el avance en la investigación sobre fuentes de energía alternativas, como la solar, principalmente, son vistas como factores que "mejorarán notablemente" la calidad de vida en el Viejo Continente en los próximos 20 años. Pero no ocurre lo mismo con las Ciencias de la Vida y las aplicaciones biotecnológicas. Mientras que alguno de los desarrollos es visto con "sumo interés", como los relativos al ámbito de la salud y al farmacéutico, en el alimentario hay "muchas dudas" y una "gran dosis de escepticismo". Sobre todo los vinculados a los cultivos transgénicos y a la producción de los denominados alimentos tecnológicos.

De acuerdo con los resultados del Eurobarómetro 2002, en el que 16.500 ciudadanos de los 15 Estados miembros de la UE fueron consultados sobre seis aplicaciones específicas de la biotecnología, desarrollos biomédicos tan controvertidos como la puesta a punto de tests genéticos para comprobar la existencia de enfermedades hereditarias o la clonación de células y tejidos humanos con fines terapéuticos, se consideran "moralmente aceptables" a pesar de los riesgos éticos que comportan. Por ello, se acepta mayoritariamente en los 15 Estados miembros que se apoye este tipo de investigaciones.

La opinión de la mayoría de los europeos, sin embargo, es bien distinta cuando se habla de alimentos transgénicos. En general, se considera que no son productos útiles y que, en cambio, generan un riesgo excesivo para la sociedad. La opinión parece ligeramente más favorable al uso de semillas transgénicas: a pesar de que los ciudadanos continúan creyendo que su riesgo es alto, al menos se valora su utilidad. El balance general, en cualquier caso, continúa siendo negativo para la mayor parte de los encuestados.

DE LA PERCEPCIÓN A LA REALIDAD

Una cosa es la percepción, sin embargo, y otra bien distinta la realidad. A la presión de las organizaciones de agricultores estadounidenses se ha sumado, aunque de forma no tan visible, la de las propias compañías biotecnológicas productoras de semillas transgénicas. Todas ellas cuentan con enormes intereses, así como expectativas, en Europa, un terreno abonado, a su entender, para el crecimiento económico del sector. Esta presión se complementa políticamente: el gobierno de EE.UU. ya ha comunicado abiertamente sus intenciones a la UE; y en el seno de ésta han empezado a surgir abiertas discrepancias. Como resultado de las mismas, al menos 19 nuevas variedades genéticas (nuevos eventos) podrían ser aprobadas "no antes del otoño", según fuentes de la UE. España, avanzándose al resto, ya ha dado luz verde a cinco variedades aprobadas en 1998 y pendientes desde entonces en el registro de vegetales. Ha sido el primer país de la UE en dar este paso.

Desde la comunidad científica, por otra parte, se esgrime que el conocimiento adquirido en estos últimos cinco años, así como las cautelas introducidas por la directiva actualmente vigente, son herramientas suficientes para dar fin a la moratoria. Aprobada en 2001, y transpuesta recientemente en España con modificaciones que alteran parte del espíritu de la letra, según diversos analistas, su entrada en vigor se interpretó como el primer paso para el levantamiento de la moratoria.

La directiva representó, y representa todavía, las reglas del juego sobre las que, a juicio de distintos expertos, se establecen los mecanismos de control y se define el marco en el que pueden moverse las empresas productoras de semillas transgénicas. Asimismo, marcaba el calendario para que los Estados miembros adaptaran sus legislaciones. En la mayor parte de los casos eso ya ha ocurrido. Todo quedaba pendiente, por tanto, de la publicación de las normas específicas sobre etiquetado y trazabilidad y sobre responsabilidad ambiental, esta última no contemplada en la directiva y objeto de la mayor parte de reservas por la llamada minoría de bloqueo (Francia, Alemania, Italia, Grecia, Luxemburgo y Austria).

Entre otros aspectos, la directiva restringe el uso de organismos que se han modificado genéticamente y que presenten genes con resistencia a antibióticos; exige una autorización para su comercialización de cada producto previo estudio individualizado; obliga al seguimiento igualmente individualizado de cada uno de los OGM; establece claramente los plazos de autorización (10 años de comercialización con opción a una prórroga de 10 años adicionales); obliga al mantenimiento de registros públicos sobre los datos de los solicitantes de autorizaciones; y establece protocolos de bioseguridad y consultas a comités científicos y de ética, además del principio de precaución. Todos estos controles, si se mantienen adecuadamente, satisfacen las exigencias de científicos, organizaciones ecologistas y asociaciones de consumidores. La transposición española, recientemente aprobada en el congreso, equilibra sin embargo los mecanismos de control a favor de la industria, lo que provocará, sin duda, agrios e innecesarios debates en el futuro. Por una vez que la UE daba en el clavo, no era menester releer la norma salvo para mejorarla. No ha sido el caso.