El dopaje de Juanito

El caso del esquiador hispano-alemán Muehlegg es paradigmático en muchos sentidos. Lo es desde el punto de vista estrictamente deportivo, puesto que pone de relieve una política en la que el corto plazo parece primar sobre la planificación y la inversión sostenida como fórmula para alcanzar el éxito internacional. Al menos, en los deportes de invierno, donde las figuras españolas esacean tanto como la nieve en los Monegros. Pero también lo es desde el punto de vista científico, puesto que con el positivo detectado al deportista nacionalizado español se ha destapado una agria polémica acerca de si podrían haberse o no detectado indicios de prácticas ilegales con anterioridad a los juegos.

Los detonantes de la polémica han sido, por este orden, la perplejidad y la posterior indignación de los responsables del laboratorio acreditado IMIM-IMAS de Barcelona tras airearse el escándalo y observar la respuesta de los organismos oficiales españoles. El caso venía ya de lejos, y aun siendo extraordinariamente grave el episodio vivido por Muehlegg, no ha sido más que la gota, enorme, eso sí, que ha colmado el vaso de la paciencia de los responsables del laboratorio catalán.

Para entender lo ocurrido hay que remontarse prácticamente a un año antes de la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona. En esa época abrió en la Ciudad Condal uno de los laboratorios más avanzados del mundo en la detección de sustancias dopantes. La cita que iba a celebrarse, así lo exigía. Los resultados y la calidad del trabajo efectuado durante la cita olímpica permitieron constatar que los objetivos planificados se cumplieron sobradamente.

El centro catalán pasó a integrarse, desde ese momento, en la veintena larga de centros acreditados por el Comité Olímpico Internacional en la lucha anti-dóping. Ello le ha permitido crecer en experiencia y conocimientos, así como en tecnología capaz de detectar cualquiera de las sustancias dopantes de uso común en el deporte de élite. Entre ellas, por supuesto, la eritropoetina (EPO), y cualquiera de sus derivados o análogos, como la darbopoetina. En concreto, la detección de EPO en el IMIM (Instituto Municipal de Investigaciones Médicas), de donde depende el centro antidopaje, es posible desde noviembre de 2000.

POLÍTICA CONTRA CIENCIA

El centro catalán, ha explicado Jordi Segura, su director, hizo saber en junio de 2001 la disponibilidad de tecnología para la detección de EPO y productos análogos. Lo hizo por escrito y su destinatario era el Consejo Superior de Deportes (CSD). En una carta posterior, a requerimiento del CSD, se informó de precios y condiciones técnicas de los análisis. La comunicación se quebró entonces.

Según todos los indicios, el CSD no consideró necesarios los servicios del IMIM. Le bastaba, según parece, con los de su propio laboratorio, en el que es posible detectar sustancias rutinarias, aunque no casos de EPO o de otros productos más sofisticados. No lo consideró necesario, incluso, cuando poco antes de los juegos se sometió, por orden federativa, a un control a todos los integrantes del equipo olímpico español que debía acudir a los juegos de Salt Lake City.

Ese control, a pesar de lo que se ha aireado en algunos medios, no era obligatorio aunque sí conveniente. Como norma habitual, y para evitar escándalos posteriores, suele efectuarse un control exhaustivo a todos los deportistas antes de acudir a una gran cita internacional. Sus resultados aseguran una cierta dosis de tranquilidad durante los controles, en este caso obligatorios, que se dan en unos juegos o en eventos como un mundial. De un tiempo para esta parte se han incluido los análisis para la detección de EPO como medida adicional de seguridad.

¿PUDO HABERSE EVITADO?

Llegados a este punto quedan dos cuestiones por responder. La primera: ¿Por qué las autoridades deportivas españolas no sometieron a los esquiadores a un control de EPO y sustancias análogas? Si se hubiera hecho, ¿se habría detectado el positivo de Muehlegg?

La primera de las cuestiones tiene respuesta en el ámbito político. Sea cual sea, no obstante, el caso es que por dejadez, incompetencia, negligencia o intereses que nada tienen que ver con el deporte y con el estado de la ciencia y la técnica en este terreno, se hizo caso omiso al ofrecimiento de Barcelona. Y eso no es lo peor: tampoco nadie decidió acudir a cualquier otro de los 26 centros acreditados por el Comité Olímpico Internacional (COI) como seguros para la detección de EPO.

La segunda es más difícil de responder. En opinión de expertos consultados por este medio, la darbopoetina alcanza su máximo nivel entre dos y cuatro semanas después de ser inyectada. Por tanto, su detección habría dependido en parte del calendario. Pero sólo en parte. Lo más normal es que los niveles en sangre de esta proteína aumenten de forma paulatina con el paso de los días, de modo que si un deportista se ha dopado, la concentración de darbopoetina puede diferir sustancialmente en tres análisis consecutivos. Si esto es así, como parece que ocurrió con Muehlegg, un análisis posterior de orina permite confirmar las sospechas.

Jordi Segura, director del laboratorio acreditado de Barcelona y centro de las críticas del CSD tras airearse el escándalo a través de los medios, entiende que "por lógica" el positivo de Muehlegg podría haberse detectado antes de los Juegos. "Al menos debería haberse intentado", señala.

Si esto es así, ¿a qué viene la polémica? "Es una maniobra de distracción", responde el bioquímico catalán, "tras la que se esconde un comportamiento como mínimo irregular del CSD". Irregular, como se está viendo, por el escaso control que se ejerce en España en la lucha anti-dóping, prosigue, y por la ignorancia que han demostrado los dirigentes españoles acerca de las posibilidades que ofrece la ciencia al servicio del deporte. La lucha contra sustancias dopantes exige un nivel tecnológico de primerísimo nivel. Ese nivel estaba, y está, disponible en España, tal y como han acreditado el COI y otros organismos internacionales. Y no quiso utilizarse. Así son las cosas en este país.