Aunque resulta indiscutible que las medidas tomadas están logrando frenar la circulación del virus, su capacidad real para conseguir su extinción y su eficacia a largo plazo es menos clara
El alcance mundial de la crisis causada por la explosiva expansión del virus SARS-CoV-2, el agente causal del COVID-19, es una nueva demostración de los riesgos en esta era de ‘globalización’, en la que un fenómeno que tenga lugar en un rincón remoto de un continente puede tener consecuencias en el otro extremo del mundo apenas unos días (o incluso horas) después. La emergencia de nuevos agentes patógenos no es un fenómeno nuevo, y numerosos ejemplos de otros patógenos de origen animal que han dado el salto al hombre recientemente (virus del SIDA, influenza aviar altamente patógena, Ébola, Hendra, Nipah, MERS-CoV o SARS-CoV-1) da idea de ello. ¿Por qué tenemos en este caso una pandemia de este nivel? El SARS-CoV-2, que aglutina toda la atención mundial ahora mismo, se ajusta de manera desafortunadamente óptima al patrón más probable (y más temido) de patógeno emergente de éxito que se barajaba en el mundo científico desde hace años (y casi décadas): un agente de naturaleza vírica (lo que favorecería su rápida evolución y adaptación a distintos nichos–hospedadores), de origen animal, previamente desconocido para el mundo científico, de (relativamente) baja mortalidad y alta transmisibilidad y originario del Sudeste Asiático, en el que existe una formidable variedad de especies animales que comparten nicho con el hombre.
Sin embargo, y a pesar de que el SARS-CoV-2 encaja por tanto en el retrato robot que se había hecho del próximo agente emergente, los sistemas sanitarios de todo el mundo no han sido capaces de prevenir su rápida diseminación, y en la actualidad está presente en más de 200 países. A ello han contribuido su elevada transmisibilidad, la capacidad del virus de ser diseminado antes aun de dar lugar a un cuadro clínico, y la elevada proporción de casos asintomáticos o con cuadros leves a los que da lugar la infección. Los primeros casos notificados a finales de enero en varios países europeos (Francia el 24, Alemania el 27, Finlandia el 29 y Reino Unido, Italia y Suecia el 31) compartían la característica principal de haber estado en zonas de riesgo, lo que hizo pensar que se podría contener la diseminación del patógeno mediante su cuarentena. Esa percepción se mantuvo hasta la segunda quincena de febrero, cuando la identificación de un gran número de personas infectadas en el norte de Italia puso de manifiesto la existencia de transmisión local incontrolada, y el grave problema de haber pasado por alto la existencia de transmisión en ausencia de signos clínicos durante estas primeras (y críticas) semanas en las que tuvo lugar la diseminación del virus a nivel mundial. Durante la primera semana de marzo esta situación se generalizó en otros países de Europa (el domingo 8 de marzo nueve países comunicaban ya más de 200 casos, entre los que destacaban además de Italia – 7375 casos –, Alemania y Francia – más de 1000 casos – y España – 673 casos-), poniendo de manifiesto la diseminación del virus SARS-CoV-2 a pesar de las medidas de cuarentena impuestas a personas infectadas que sí habían sido identificadas.
Otras medidas que deben ser consideradas a la mayor brevedad deberían incluir la generalización del diagnóstico en la medida en la que vaya siendo posible para la identificación tanto de personas portadoras como de individuos que han superado la infección y, por tanto, podrían tener una cierta inmunidad frente a la misma
En la actualidad en España se han notificado ya, a 1 de abril, 117.710 casos de COVID-19, a un ritmo superior a 1.000 casos diarios desde el 13 de marzo, un día antes de que se instaurara en el país el estado de alarma destinado a frenar en lo posible la evidente transmisión comunitaria. Somos en este momento el segundo país del mundo por número de casos declarados y no hay duda de que el número de personas infectadas es sin embargo muy superior (modelos elaborados por científicos del Imperial College de Londres estimaban que el porcentaje de infectados en España el 28 de marzo estaría entre el 3,7 y el 41%). Estos números dan idea, por una parte, de la gran dimensión que ha alcanzado este problema en nuestro país, y de la gran incertidumbre que aún existe sobre el grado de extensión de la infección, y evidencian la necesidad de haber implantado medidas para el evitar la libre circulación del virus en la población mucho antes, que podrían haber evitado que se hubieran sobrepasado ya las 10.000 muertes atribuidas a la enfermedad.
No todo son, en cualquier caso, malas noticas en la actualidad. Los últimos datos oficiales de notificaciones ponen de manifiesto un cierto descenso en la velocidad de diseminación de la infección, de modo que, desde que se alcanzaran los 8.500 casos el 26 de marzo, dicho número ha dejado de seguir la tendencia claramente ascendente experimentada hasta la fecha. Este freno en la diseminación de la enfermedad, acaecido aproximadamente dos semanas después del inicio del estado de alarma, es compatible con el esperado efecto que las severas medidas adoptadas para frenar la transmisión comunitaria deberían haber tenido a partir del 14 de marzo. A pesar de este fenómeno positivo aún se siguen notificando un número importante de nuevos casos en varias Comunidades Autónomas (más de 400 nuevos casos notificados en un día en Andalucía, Castilla la Mancha, Castilla y León y País Vasco, y más de 1.500 nuevos casos en Cataluña y Madrid), para un total de 7.472 nuevos casos notificados en todo el país el 3 de abril. Es difícil estimar con precisión la fecha probable de infección de los casos notificados en la actualidad, ya que al tiempo de incubación necesario para que una persona infectada pase a una fase clínica hay que sumarle un posible retraso en el análisis de laboratorio y confirmación de un caso, y otras fuentes de variaciones. A pesar de ello, es crucial poder determinar hasta que punto se siguen produciendo nuevas infecciones, lo que unido a una estimación de la proporción de la población ya expuesta al virus permitan definir con mayor precisión los posibles escenarios a los que nos enfrentaremos a mediados-finales de abril.
Las decisiones que se tomen en la gestión de esta crisis deben estar guiadas en la medida de lo posible por la evidencia disponible, pero resulta extraordinariamente difícil tomar decisiones en un contexto como el actual, en el que existe una gran incertidumbre sobre el grado real de diseminación de la infección por SARS-Cov2 en la población y sobre el efecto real de las medidas que se han tomado hasta la fecha. Las métricas disponibles para medir este efecto, el número de nuevos casos y muertes notificadas, son necesariamente imprecisas debido a la falta de herramientas de diagnóstico las enormes dificultades para confirmar todos los casos sintomáticos y a la imposibilidad de valorar casos no sintomáticos en estos momentos. Los datos generados hasta ahora permiten, no obstante, afirmar que la enfermedad muy probablemente empezó a circular en España a principios de febrero, y posiblemente incluso antes. Por tanto, el grado de infección en la población general es sin duda mucho mayor de lo que puede suponerse a la vista de los casos notificados oficialmente, y estimaciones de entre 1,5 y 7 millones de personas infectadas en España son, aunque imprecisas, muy creíbles.
No cabe ninguna duda a estas alturas de que las medidas que se adoptaron en la práctica totalidad de los países afectados por la pandemia de COVID-19 (y especialmente en España e Italia) fueron insuficientes y tardías, motivadas por una falsa sensación de seguridad (“se están detectando todos los focos”) y de control de la situación (“no se está produciendo transmisión local”). Es el momento por tanto de aprender de los fallos cometidos y de tratar de generar información que evite que se tomen de nuevo decisiones basadas en suposiciones erróneas. Aunque resulta indiscutible que las medidas tomadas están logrando frenar la circulación del virus, su capacidad real para conseguir su extinción y su eficacia a largo plazo es menos clara.
Dado que esta incertidumbre no se resolverá cuando finalice el actual estado de alarma (incluso aunque éste fuera prolongado), y en caso de recuperarse la actividad económica, aunque sea de manera parcial, será de vital importancia proteger al menos a los colectivos de riesgo que se han visto afectados por el COVID-19 y diseñar sistemas que permitan monitorizar de manera precisa la evolución de la situación. Dentro de los colectivos cuya protección debe garantizarse a la mayor brevedad se encuentran también los profesionales sanitarios, auténtica fuerza de choque en esta crisis que ha tenido que absorber el primer impacto y cuya importancia ha quedado, una vez más, de manifiesto. Otras medidas que deben ser consideradas a la mayor brevedad deberían incluir la generalización del diagnóstico en la medida en la que vaya siendo posible para la identificación tanto de personas portadoras (lo que permitiría su aislamiento y la caracterización de las dinámicas de excreción del virus, su duración o la posible intermitencia de la misma) como de individuos que han superado la infección y, por tanto, podrían tener una cierta inmunidad frente a la misma (que deberá ser también estudiada). Estas medidas facilitarían además la identificación de personas que hayan estado en contacto con posibles excretores del virus y estén por tanto en riesgo, tarea que podría facilitarse también mediante la utilización de nuevas tecnologías, como se ha demostrado en otros países. Es fundamental considerar en los próximos pasos de esta crisis la salud de la población como conjunto, un enfoque habitual en la gestión de emergencias sanitarias en sanidad animal pero que resulta más complejo en el caso de la salud pública. Resulta evidente que los anteriores episodios de emergencia de patógenos no nos prepararon adecuadamente para responder frente al COVID-19, por lo que es crucial que al menos aprendamos en esta crisis cómo prepararnos para las siguientes.
