Afectaría especialmente al ecosistema de 'startups' de ámbito digital y a las pymes de base tecnológica.
Se estima que entre setecientas y novecientas de las empresas emergentes que son plataformas de contenidos generado por usuarios se verán afectadas por la propuesta de directiva europea de copyright, según la Asociación Española de Startups.
La nueva directiva europea de copyright pretende fijar nuevas obligaciones de filtrado de contenido al convertir a las plataformas que actúan como intermediarios en responsables y autores del contenido que publican sus usuarios, según ha informado la Asociación Española de Startups. El ecosistema español emprendedor comprende entre 3.000 y 4.000 startups entre las que 720 y 960 son plataformas de contenido generado por usuarios.
Esta asociación en colaboración con la Universidad de Alcalá (UAH), ha elaborado un informe para medir el impacto económico de las startups que actúan como plataformas de contenido generado por usuarios. Si la directiva termina aprobándose en dichos términos tendría un indudable impacto económico y sobre el empleo.
Esto aseguran, afectaría especialmente al ecosistema de startups de ámbito digital y a las pymes de base tecnológica. El estudio estima que, además de los empleos directos, se podrían ver afectados entre 34.400 y 46.000 empleos indirectos que se crean en otros sectores económicos gracias a la existencia de esas plataformas.
DESCONOCIMIENTO GENERALIZADO ENTRE LAS 'STARTUPS'
La Asociación Española de Startups considera que esta propuesta supone "una nueva barrera a la hora de crear startups y plataformas, la pérdida de muchas oportunidades de desarrollar productos y servicios innovadores y en general un aumento de la incertidumbre".
La asociación dice haber comprobado que existe un desconocimiento generalizado entre las startups y las plataformas sobre las implicaciones de la aplicación de la directiva. De hecho, "tan solo el 42% dice conocer la existencia de la propuesta y quienes la conocen manifiestan de manera mayoritaria desconocer el fondo y las posibles consecuencias".
Según señala la Asociación, esta propuesta ha sido denunciada por decenas de instituciones académicas y de consumidores y por 57 asociaciones de derechos en Europa por su impacto en "derechos fundamentales, disminución de contenidos culturales y una limitación en la difusión de estos".
