La ciencia española está sacudiéndose un pasado en el que investigar era una actividad casi testimonial en nuestro país. La creación de la Agencia Estatal de Investigación supone un paso más hacia la modernización de nuestra ciencia, ya que permitirá una gestión y financiación más flexible, planificada y estable de la investigación pública. Un instrumento que demandaba la comunidad científica y que nos hace converger con el modelo existente en la mayor parte de los países de la UE.
Hasta 1980, en la ciencia española solo resaltaban grandes nombres como los de Santiago Ramón y Cajal, Severo Ochoa o Gregorio Marañón o aisladas y valientes iniciativas que chocaban con un país que apenas reconocía la carrera investigadora. Los científicos españoles se enfrentaban a una profesión muy sacrificada sin recursos y con pocas expectativas. La aprobación de la primera ley de la Ciencia española, en 1986, significó un impulso en un momento en el que se producía la integración en la Comunidad Económica Europea, que pocos años antes había creado los programas marco para potenciar la investigación comunitaria.
En los noventa se dieron los primeros pasos, lentos pero seguros, para constituir un sistema de I+D+i con un organismo de evaluación que siguiera criterios internacionales. A principios de siglo se consiguieron hitos importantes, como el primer Plan Nacional de Investigación, las ayudas Ramón y Cajal o la creación de centros de investigación punteros. La ciencia española cogía impulso en los siguientes años, con presupuestos crecientes y un mayor reconocimiento social. Y durante este último lustro, tres pasos más: la aprobación en 2011 de la segunda ley de la Ciencia en España, la publicación en 2013 de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación y la creación de la Agencia Estatal de Investigación.
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| La creación de la Agencia Estatal de Investigación supone un paso más hacia la modernización de nuestra ciencia, ya que permitirá una gestión y financiación más flexible, planificada y estable de la investigación pública |
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Los avances del sistema español de Ciencia en este siglo han permitido que se hayan creado centros de investigación que se encuentran entre los mejores del mundo en sus áreas y que son capaces de atraer y retener talento, o que se hayan construido importantes infraestructuras. Avances que han posibilitado que España haya dado un salto cualitativo a la hora de lograr proyectos y ayudas europeas después de competir con los mejores centros, universidades y empresas de Europa. Los primeros resultados de Horizonte 2020 son una prueba de ello.
El mérito de estos logros es sin duda de muchos investigadores y tecnólogos capaces, que han situado a España como la décima potencia mundial en producción científica. La Agencia les hará la vida más fácil y contribuirá a seguir mejorando un sistema que aún tiene mucho que hacer, pero que paso a paso se ubica en el lugar que le corresponde.
La Agencia Estatal de Investigación nos va a permitir avanzar hacia una financiación de la investigación más flexible, ágil y autónoma, sin perjuicio de mantener un exigente sistema de rendición de cuentas. También reducirá la burocracia en los procesos y nos permitirá captar de manera más sencilla y simple recursos privados para financiar la I+D, como ocurre en otros países de nuestro entorno, posibilidad que ahora no es factible.
Esta Agencia permitirá una programación de las actuaciones menos dependiente de los ritmos presupuestarios, con una planificación plurianual de la investigación, fijando los objetivos a alcanzar a medio plazo y dotando a las convocatorias de proyectos o de recursos humanos de la necesaria estabilidad en los plazos. Dispondrá además de un sistema de evaluación independiente que utilizará criterios científicos y técnicos en la asignación de los fondos, asegurando la promoción de la calidad y la excelencia.
Su estructura será cohesionada, por lo que acabará con las ineficiencias derivadas de la heterogeneidad de agentes de la Administración Pública que gestionan fondos y ayudas de I+D.
Y establecerá un sistema de seguimiento de las actuaciones financiadas basado en la obtención de resultados y la optimización de los mismos, un ejercicio que hasta ahora apenas se había hecho. Este seguimiento nos permitirá medir el impacto de las inversiones y diseñar políticas e instrumentos sustentados en las evidencias que nos aporten los datos analizados.
Pese a las dificultades vividas durante cinco años de disminuciones presupuestarias, desde 2014 la situación se va normalizando y esperamos llegar a 2020 con un 2% del PIB dedicado a ciencia e innovación. Alcanzar esa inversión de una manera planificada y sostenible, según establece la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación, debe ser el siguiente paso. También aumentar la inversión privada, potenciar la movilidad intersectorial e internacional, consolidar la carrera no funcionarial, seguir reduciendo la burocracia o concienciar a la sociedad española de la importancia de la I+D+i. Pasos que nos permitirán mirar al futuro con optimismo, creando empleos de calidad y aumentando nuestra competitividad.
