La Agencia Estatal de Investigación

Aunque pudiera parecer que con esta Agencia nos ponemos en la vanguardia de la buena gestión de la I+D, es preciso decir que España era uno de los pocos países europeos que aún no la tenían en marcha, con lo que, de nuevo, llegamos tarde. En este sentido, aunque la Ley de Agencias de 2006 ya mencionaba explícitamente su creación, esta no se llevó a cabo y fue en la más reciente Ley de la Ciencia, Tecnología e Innovación (LCTI) de 2011 donde se instaba a la creación de la Agencia de forma urgente. Es más, quizás merezca la pena recordar que su creación ya fue sugerida en el contexto de la Acción CRECE de la COSCE, hace ya diez años.

Han tenido que pasar cuatro años y llegar a un final de legislatura de gobierno para sacarla adelante, eso sí, sin el consenso de los agentes que la reclamaban, ni siquiera de los partidos políticos. Estos hechos hacen prever nubarrones en el horizonte para dotar la Agencia de contenido. De hecho, algún partido político ya ha manifestado su intención de desandar lo andado si es preciso. Si tal y como ha señalado la Secretaria de Estado Carmen Vela el retraso en la aprobación ha sido debido en gran parte al proceso de decisión en el gasto como consecuencia de la crisis, es probable que el proceso que supone la reorganización drástica de una Secretaría de Estado haya tenido que ver con su anuncio al final de la legislatura. Esto nos lleva a temer seriamente por los recursos de los que dispondrá la Agencia que, junto con los fondos, son dos de las claves de su efectividad, según el modelo propuesto y publicado por la Confederación en 2011.

Estamos ante una magnífica ocasión de hacer una Agencia que verdaderamente sea eficaz y 'entienda y resuelva' los problemas que nuestro sistema de I+D tiene actualmente. Es más, este puede ser un buen momento para un pacto de Estado por la Ciencia. Aún podríamos estar a tiempo de buscar ese acuerdo político entre partidos que se alcance con el concurso de los científicos y tecnólogos que precisan de una Agencia útil que permita hacer una buena gestión de la ciencia y la tecnología en nuestro país.

La creación de la AEI puede y debe de ser un reto para todos aquellos implicados en su puesta en marcha y en especial en su carácter de Agencia útil para hacer una ciencia basada en la buena gestión y al servicio de la calidad

La agencia parte con el hándicap de 'a coste cero' y sin dejar claro su provisión de fondos, siendo este hecho fundamental si se pretende que sea independiente tanto de los avatares económicos como de los ciclos políticos y de gobierno. Es cierto que, efectivamente, se deja ver la participación de fondos privados de forma más activa pero, de nuevo, requerirá revisar y actualizar aspectos como la ley de mecenazgo y transferencia de conocimiento al sector productivo.

Es evidente que la creación de una Agencia Estatal de Investigación debe mejorar la gestión de la I+D en España. Debe tener una mayor autonomía en sus funciones y en la gestión de sus fondos tanto públicos como privados, de forma que pueda ejercer una influencia significativa en el diseño general de la política de I+D del gobierno. Es importante destacar, también, el hecho de su plurianualidad, lo que permitirá trasvasar los fondos y remanentes de tesorería de un ejercicio al siguiente, mejorando así la gestión y flexibilidad de los fondos disponibles. Naturalmente, esta gestión económica deberá de ir acompañada de la correspondiente rendición de cuentas propia de las administraciones públicas.

La AEI se constituye con una estructura tripartita formada por una autoridad política (la Presidencia de la Agencia y el Consejo Rector), una autoridad científica (el Comité Científico y Técnico) y una dirección ejecutiva responsable de la gestión (Dirección de la AEI y estructura interna). Es importante destacar que, si bien en el Consejo Rector habrá un cierto número de nombramientos atendiendo a razones políticas, la presencia de los científicos debe extenderse a los tres ámbitos. Pero, además, estos científicos deben gozar de una declarada independencia respecto de las estructuras de las fuerzas políticas, para evitar cualquier injerencia en la AEI. En este sentido, el Comité Científico y Técnico, compuesto por doce miembros designados por el Consejo Rector puede jugar un papel esencial si, realmente, son independientes políticamente hablando. El hecho de elegir a su Presidente, y la posibilidad de generar sus propias reuniones de trabajo, pueden hacer que su presencia e impacto sobre las decisiones, mediante su asesoramiento tanto al Consejo Rector como a la propia Dirección, resulte en buenas prácticas y marquen un modo de actuación de futuro. Naturalmente, asumiendo la trascendencia de que se cumpla un requisito fundamental en la creación de la AEI como es la elección de un(a) Director(a) de la AEI cuya personalidad y carácter se basen en su "reconocido prestigio y experiencia en materia de investigación científica y técnica tanto a nivel nacional como internacional; experiencia en puestos directivos y conocimientos y experiencia en la gestión de políticas de I+D", tal y como dice la norma, a lo que habría que dar por supuesto y añadir "y en su independencia de las estructuras administrativas y políticas". Puntos todos ellos irrenunciables para la COSCE.

En definitiva, la creación de la AEI puede y debe de ser un reto para todos aquellos implicados en su puesta en marcha y en especial en su carácter de Agencia útil para hacer una ciencia basada en la buena gestión y al servicio de la calidad. Estamos en la obligación de hacer algo con perspectivas de futuro que resuelva muchos de los problemas cotidianos a los que aquellos que hacen ciencia en el día a día se enfrentan. Además, si queremos hacerlo bien, deberá tener un componente ilusionante importante en una comunidad de científicos y tecnólogos muy maltratada en los tiempos de crisis. Crisis que, por cierto, sigue afectando al ámbito de la ciencia en donde aún no se ve su final. En este sentido, los presupuestos del año próximo no mejoran significativamente las perspectivas.